Hoy reportamos que las autoridades aprobaron lo resuelto por la junta encargada del servicio de limpieza de la Terminal Aérea que le adjudicó a la empresa Matrisa, Sociedad Anónima, misma que obtuvo varios contratos de asesoría al INDE en tiempos de Melvin Quijivix, persona de confianza de Giammattei y Miguel Martínez. Al menos uno de los socios de la empresa beneficiada tuvo relación con ese personaje que ahora está en libertad, dizque sujeto a proceso.
De hecho, las dos empresas que ofertaron despiertan al menos dudas, pero las autoridades aprobaron lo decidido por la junta encargada del proceso y que decidió adjudicar el contrato a la que ofertó lo más bajo dejando afuera a la otra que es la responsable actualmente de la limpieza de la Terminal, luego de haber sido beneficiada por el anterior Director de Aeronáutica, Francis Argueta. Esto al no tener elementos judiciales que permitieran descartar a ambas entidades oferentes los servicios. En otras palabras, ambos oferentes pueden generar dudas por sus antecedentes en el gobierno anterior, pero resulta que fueron los únicos que participaron.
Ello obliga a comprender lo que ha ocurrido en el ámbito de las contrataciones entre el Estado y oferentes de distintos servicios o productos; resulta que durante años, para obtener la mayoría de contratos jugosos era indispensable cumplir con aquel principio que determina que nadie pasa sin saludar al rey o, como dijo aquel funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones, aquí no hay obra sin sobra. De esa cuenta los que más experiencia tienen en hacer ofertas al sector público saben cómo pasar por esos mecanismos y quienes nunca estuvieron dispuestos a hacerlo simplemente se abstuvieron de participar, creándose así ese muy peculiar nicho.
Es una realidad que tenemos que entender y que nos debe obligar a buscar soluciones en aras de la mayor transparencia y, de paso, de la reducción del valor de los contratos del Estado al desaparecer -Dios mediante- el pago de mordidas, sobornos o sobras. La tarea de modificar los procedimientos tiene que pasar, a fuerza, por el Congreso de la República pues se tienen que basar en ley pero, para empezar, el Organismo Legislativo, luego del aumento de sueldo que se recetaron los diputados, entró en una etapa de ostracismo que ha marcado la inacción en este año.
Además, necesario es decirlo, muchos de los diputados han sido salpicados, y esperan seguir gozando de esos beneficios, que generan los fondos de la corrupción, lo que hace suponer que la modificación absoluta del régimen de compras y contrataciones del Estado tiene muy poca esperanza de concretarse por el camino correcto que sería el transparentar los negocios.
Creemos que la Contraloría de Cuentas debiera avanzar en la preparación de un nuevo modelo de compras y contrataciones en busca de la absoluta transparencia y socializarlo para que todos los sectores lo vean y entiendan, de manera que los ciudadanos podamos presionar al Congreso para dar ese salto de calidad modificando el sistema actual.
