
Guatemala y Estados Unidos vienen trabajando en acuerdos de mutuo interés que tienen que ver con la mejora de nuestros puertos y la disposición de Guatemala para recibir a migrantes de otros países centroamericanos deportados al nuestro, además de aceptar la imposición de un acuerdo de “confidencialidad” que genera, con razón, abundantes dudas sobre cuáles son los temas sujetos a esa disposición. Creemos sano avanzar en la mejora de las relaciones con el país que más guatemaltecos alberga, pero es imprescindible que esa mejora se traduzca en un trato diferente a esos millones de compatriotas que se parten el alma trabajando en Estados Unidos para mantener a sus familias aquí, pero que también alientan la economía norteamericana que en muy buena medida se beneficia con ese empeño.
La tesis que se viene manejando en Washington es que todos los migrantes son delincuentes de la peor calaña, cosa que no puede aplicarse a la inmensa mayoría de guatemaltecos que viven allá. Ayer se conoció una entrevista a la congresista republicana María Elvira Salazar en la que elogia la nueva prisión construida en Florida, pero advierte que debe usarse para criminales y no para cualquier migrante pues la mayoría son gente que aporta mucho a la economía de EE. UU. con su trabajo. Y es sobre esa base que el gobierno guatemalteco puede negociar mucho con Estados Unidos, tanto en el tema migratorio como con el del narcotráfico que crece por la demanda que hay allá, ya que de alguna manera terminan relacionados.
Porque el migrante se va por las condiciones existentes en nuestro país en donde el sistema de justicia fue capturado para garantizar impunidad, lo que termina beneficiando no solo a los operadores de la corrupción sino a los traficantes de droga. Tenemos que disponer de un régimen de legalidad que permita no solo frenar la migración que provoca el saqueo de los recursos públicos, sino el trasiego impune de drogas, pues los cárteles también sacan raja de las deficiencias existentes en el régimen de legalidad en Guatemala. No digamos un sistema que nos permita la creación de oportunidades.
Si aceptamos recibir deportados de otras nacionalidades, como si fuéramos un tercer país seguro, lo menos que debemos esperar es que a los guatemaltecos allá, que trabajan y se parten el alma trabajando en campos como la agricultura, la construcción, la hotelería y servicios de comida, se les trate dignamente. La nueva cárcel de Florida está llena de guatemaltecos, muchos de los cuales no han cometido ningún crimen más que ir, por deseo de superación, a trabajar a Estados Unidos. Y es por ellos que nuestro gobierno debe preocuparse; más allá de lo que importan las remesas que mantienen nuestra economía, es la dignidad de esa gente la que obliga a implementar una diplomacia centrada en evitar que sean tratados como criminales.