El fallo emitido ayer por la Corte de Constitucionalidad respecto a la apelación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, validando plenamente el Amparo que el Juzgado 4º. de Trabajo había dictado tras la acción del gobierno denunciando que las acciones del Sindicato de Joviel Acevedo violaban derechos de los habitantes del país, viene a ser una dura y muy sana lección a los que se llaman dirigentes de ese movimiento. En efecto, la CC afirmó, en forma definitiva, que no se pueden violar derechos como el que tiene el pueblo a la educación y la libre movilidad, ordenando que cesen inmediatamente acciones que los vulneran.
El fallo del juzgado cuarto no estaba firme pues el sindicato movió sus pitas para repudiar la resolución pero ahora, con el fallo de la Corte de Constitucionalidad, quedan claras las condiciones en que el sindicato puede realizar su negociación y entre ellas no está nada que afecte el derecho de los alumnos a recibir su enseñanza ni tampoco algo que afecte a los ciudadanos con la libertad de locomoción. La consecuencia directa tendría que ser que el Ministerio Público inicie las acciones legales en contra de todos aquellos que participan en las medidas de hecho dictadas por Acevedo y sus súbditos en la dirigencia magisterial y que, en consecuencia, no solo cesen tales actos sino que además quienes los han promovido sean objeto de acción penal por los delitos ya cometidos.
Hemos criticado muchas veces a nuestro sistema de justicia por la forma en que se alinea para apañar a todos los que han sido parte del tenebroso juego de la corrupción, en el que ese sindicato magisterial ha sido parte vital por sus acuerdos para apoyar públicamente a los gobiernos dedicados a robar; pero ahora tenemos que decir que el fallo de la CC devuelve un camino de esperanza sobre la legalidad en el país. Acevedo pactó con todos los gobiernos anteriores a cambio de que el sindicato fuera un actor decidido y frontal en la defensa de esos regímenes, al punto de que la autoridad del Ministerio de Educación quedó sometida a los dictados de ese “dirigente”.
Es este uno de los momentos más importantes de la vida nacional en la búsqueda del imperio de la ley en el país porque pocas veces vemos que un tribunal, especialmente la Corte de Constitucionalidad, resuelva de manera tan clara conforme a derecho en contra de alguien aliado a esos siniestros grupos de poder y eso tiene un enorme significado, importantísimo en nuestra diaria vivencia. Falta que el gobierno presente las denuncias correspondientes y que el MP actúe también en el marco de la ley para deducir responsabilidades a quienes llevan ya semanas privando a los alumnos del derecho a la educación y a los ciudadanos de la libre locomoción.
