La petición formulada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, en el sentido de declarar “procedente la desestimación de la denuncia y el archivo de las presentes actuaciones” (iniciadas por la Fundación Contra el Terrorismo en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez) considerando que “no se dan los verbos rectores de los delitos señalados” viene a ser una muestra más de las mañosas componendas que han sido determinantes en nuestro sistema de “justicia”.
Fundaterror presentó una denuncia contra Gálvez, juez que tuvo un papel destacado en el proceso contra altos funcionarios, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y su Vicepresidenta, Roxana Baldetti, luego de que el mismo juez conociera el caso del “Diario Militar” que involucraba a oficiales del Ejército a los que se les señalaba de asesinatos y desapariciones forzadas. El Ministerio Público, gustoso, se sumó a la acción de Méndez Ruiz y compañía, solicitando el retiro de inmunidad al Juez Gálvez, cosa que fue rápidamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia, en ese tiempo presidida por la magistrada Silvia Patricia Valdés, sancionada por Estados Unidos, al igual que Méndez Ruiz, Raúl Falla y Consuelo Porras.
Gálvez, conocedor de la forma en que opera el Ministerio Público y el mismo sistema de justicia de Guatemala, abandonó el país hace tres años, antes de que la Corte Suprema decretara el cese de su inmunidad, con lo que evitó ir a prisión como ha ocurrido con tantos a los que les ponen el ojo ciertos grupos con enorme poder en Guatemala. Ahora, tras tres años de exilio, el mismo Ministerio Público no tiene otro remedio que afirmar que, tras el análisis legal de la denuncia que presentaron contra Gálvez, no existe fundamento legal para la misma.
Pero el objetivo de quienes tenían a Gálvez entre ceja y ceja, se cumplió a cabalidad porque tras las amenazas que sufrió y el acoso de persecuciones ilegales que realizaban particulares –sin que la PNC le brindara protección–, no tuvo otro remedio que salir al exilio. Obviamente, no retornará simplemente porque la fiscalía tuvo que reconocer que no había sustento para la denuncia en su contra, puesto que las mafias que tienen el control de la legalidad en el país actuarían nuevamente en su contra. Además, falta la audiencia ante Juez.
Es importante señalar el caso porque para que hasta el Ministerio Público terminara reconociendo, tres años más tarde, que la denuncia de Fundaterror no tenía fundamento, muestra lo burdo de la acción iniciada en contra del Juez. No se puede pasar por alto cómo es que se utiliza mañosamente nuestra legislación para perseguir a quienes no se doblegan a lo que los operadores oscuros de la impunidad quieren, mientras se asegura impunidad para aquellos que han sido parte del saqueo del Estado.
