En medio de la devastación sufrida por los pobladores de Santa María de Jesús tras la ola de sismos que causaron destrucción y muerte, un grupo se organizó rápidamente para realizar saqueos y robos en los hogares de personas que se vieron obligadas a buscar otro refugio ante la sucesión de temblores. Y al ser sorprendidos por un grupo de ciudadanos, fueron linchados en una reacción que se ha ido volviendo muy común entre los guatemaltecos pues sucede que la gente ha perdido la confianza en el sistema de justicia.
En efecto, no podemos de ninguna manera justificar los linchamientos y que la gente decida ejecutar a los responsables de distinto tipo de delitos o abusos; pero es imposible no entender el daño que al país le ha hecho el abandono total al pleno Estado de Derecho que significa la aplicación correcta de la ley. Preocupados por velar por sus propios intereses, hace años que se viene designando para todas las instancias judiciales a personas que lejos de administrar la justicia, como corresponde, se convierten en actores del régimen de corrupción y sus principales obligaciones no son las de sancionar a los criminales y operadores de la corrupción, sino la de apañarlos y, al mismo tiempo, castigar a los que se vuelven críticos del sistema podrido.
Cuando los ciudadanos tienen fe y confianza en el sistema de justicia y en la correcta aplicación de la ley, pueden proceder a detener a los maleantes y entregarlos a las autoridades para que sean consignados a algún tribunal en donde debieran recibir el castigo contemplado en el Código Penal para ese tipo de acciones. En cambio, cuando la gente sabe que si entregan a la autoridad a un ladrón que ha saqueado viviendas dañadas por los temblores será dejado en libertad por “falta de mérito”, puesto que ni muchos de los fiscales ni muchos de los jueces están para andar trabajando en ese tipo de casos sino para otros fines que todos conocemos, decidiendo actuar por su cuenta alejándose del campo de la justicia.
Guatemala necesita por todo ello empezar al rescate de su sistema de justicia, no sólo para garantizar la correcta aplicación de la ley sino para cambiar un modelo perverso que ha sido cuidadosamente armado por quienes tienen el objetivo principal de seguir saqueando los fondos públicos para su propio beneficio. Lo ocurrido en Santa María de Jesús es un ejemplo claro y concreto de las consecuencias que tiene en la vida cotidiana la certeza de que no disponemos de un instrumento para la correcta administración de la justicia.
La tragedia de esta ola sísmica está desnudando, otra vez, las muchas carencias de los guatemaltecos y entre ellas no se puede dejar de mencionar la falta de justicia administrada por fiscales, jueces y magistrados. Los operadores de justicia probos, que los hay, deben hacer su parte para poder cambiar esta realidad.
