De manera sistemática y consistente todo el sistema de contrataciones del Estado se fue convirtiendo literalmente en un arca abierta y si, como afirma la sabiduría popular, en arca abierta hasta el justo peca, no digamos los que no tienen un pelo de justos aunque invoquen a Dios y afirmen su fe en el sistema de justicia, palabras que hoy pronunció Melvin Quijivix al llegar al juzgado. Es un hecho que a lo largo de los años se ha perfeccionado un modelo en el que la fiscalización se vuelve muy complicada y la mesa queda servida para la operación de muy lucrativos negocios.
Este día informamos de cómo una de las empresas señaladas cabalmente de ser parte de los negocios de la llamada Red Q, por el apellido del principal operador, ha sido beneficiada con millonarios contratos pese a que había sido denunciada por sus negocios con el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. Se trata en realidad de un problema estructural que tendríamos que empezar a enfrentar, mejorando los niveles de fiscalización que debe realizar la Contraloría de Cuentas, usando la tecnología para que el ciudadano sea el principal fiscalizador y que la persecución penal que corresponde al Ministerio Público se ejecute apegada a derecho.
Entendemos que la Contraloría desea mejorar su participación y busca implementar mecanismos legales para alcanzar ese objetivo, pero aunque se llegara a hacer eficiente la supervisión de los contratos que se realizan con el Estado, en sus diferentes instancias, de nada serviría porque mientras no dispongamos de tecnología para el ciudadano y un Ministerio Público que cumpla con sus obligaciones legales, los que saquean al Estado pueden vivir tranquilos. Al fin y al cabo, como hoy dijo Quijivix, ellos sí tienen abundantes y fundadas razones para confiar plenamente en el sistema de justicia del país.
La investigación de hoy informa sobre los contratos que ha obtenido la firma Constructora Ochoa López, denunciada en 2024 por incumplimiento de un contrato para construir un sistema de captación de energía solar con el INDE, pero a pesar de esa denuncia, que estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta la semana pasada, este año ha obtenido jugosos contratos con varias municipalidades por un monto de 32 millones de quetzales de los cuales 18 provienen de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez.
En realidad, pocos contratistas se pueden librar de haber sido parte de las prácticas corruptas porque las mismas fueron prácticamente la norma y no caer en ello era una rarísima excepción, si es que la hubo porque algún funcionario haya renunciado a cobrar su mordida.
Insistimos hasta el cansancio que el país tiene que cambiar y hacerlo de manera consistente y profunda, parece tarea imposible, como vemos, pero de alguna manera tenemos que empezar y la presión ciudadana tiene que ser un instrumento para forzar a que se haga el esfuerzo.
