El anómalo nombramiento de jueces de paz y de primera instancia, realizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin la firma de todos los magistrados que la integran, constituye una tremenda reestructuración del sistema de justicia del país y expertos consideran que dada la forma en que fueron designados puede crearse un enorme problema porque debido a ese especial detalle, todas sus resoluciones podrían ser impugnadas alegando irregularidad en la designación del juez que las formule. En efecto, según la explicación que dio el exmagistrado Luis Fernández Molina, si bien ese mecanismo informal para hacer la designación se ha usado en muchas oportunidades, ello no impide que alguien, afectado por lo que resuelva un juez así designado, impugne tal resolución conforme a derecho.
Es cierto que se ha vuelto costumbre que los nombramientos de jueces se hagan sin observar las informalidades, pero cuando se trata de detalles que están debidamente especificados y regulados, la costumbre no legitima los procedimientos que de manera notoria contradicen el texto de la legislación. Y la Constitución dice que los jueces serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, es decir por todos los magistrados que la integran y no simplemente por algunos de ellos.
Tanto Fernández Molina como Ovidio Orellana, ex presidente del Colegio de Abogados y ex secretario de la Corte de Constitucionalidad, señalan que no se cumplió con el expreso formalismo que se establece en la Constitución y que dada esa ilegalidad no solo cabe la impugnación de los nombramientos, sino también de las resoluciones dictadas por quienes asumieron los cargos bajo tan especial circunstancia, lo cual deja todas las resoluciones que dicten esos jueces de paz y de instancia en un auténtico limbo.
Por supuesto que las impugnaciones serían conocidas por instancias superiores que, de una u otra forma, son parte de ese tremendo enredo en que han convertido nuestro sistema de justicia, pero en estricto sentido de legalidad y apego a derecho, esas resoluciones no pueden tener el peso y consistencia jurídica que se espera de lo que resuelvan los juzgadores.
Por ello es que resulta indispensable que el procedimiento de designación de los jueces que fueron investidos en forma anómala sea prontamente revisada y ajustada a lo que establece nuestra Ley Fundamental. Si en el pasado se ha usado el procedimiento viciado ello no da validez a lo actuado por la actual Corte Suprema de Justicia y bastaría que cualquier actor dentro de un proceso pida revisar los detalles de los nombramientos para que los fallos, en cualquier sentido, puedan ser legalmente cuestionados.
