Cualquier acción que sirva para fiscalizar el uso de los recursos del Estado es fundamental, tema que adquiere mayor importancia cuando esos recursos mal utilizados pueden afectar a tantas personas como los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La fiscalización ciudadana, en la que participan medios de comunicación atentos a la forma en que se manejan los recursos públicos, es importante, pero lo que termina siendo fundamental es la acción de una Contraloría General de Cuentas que actúe de forma preventiva y no se lave las manos como históricamente ha ocurrido.
Viene al caso esa explicación por lo ocurrido, ahora que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se vio forzada a rescindir el contrato del software de gestión para la atención hospitalaria que había sido adjudicado a la Empresa TRC Informática, S.A., por la suma de 38.5 millones de quetzales. El argumento para esa resolución de la Directiva fue que ese negocio “no conviene a los intereses del Estado”, situación que en La Hora hicimos ver durante todo el proceso, muy acelerado por cierto, para realizar esa contratación.
Las publicaciones de este medio fueron claras y contundentes señalando que el concurso se publicó el 25 de marzo dando apenas un plazo de seis días para que se presentaran manifestaciones de interés, siendo la Empresa TRC Informática, S.A., la que presentó la propuesta por 38.5 millones y el 2 de mayo se adjudicó a esa empresa española. Como informamos, cinco meses antes el IGSS había recibido una oferta por esa misma entidad para ese servicio por un valor de 7.99 millones de quetzales por brindar servicio a cinco hospitales, mientras que la posterior oferta fue para atender nueve centros asistenciales.
Por supuesto que la fiscalización ciudadana, en la que participan los medios que combaten la corrupción es importante, pero al final termina siendo vital el papel de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Durante años, la CGCN se dedicó a ignorar los más grandes y claros casos de corrupción porque era parte del compromiso que se adquiría para llegar a dirigirla, pero esta vez la actuación fue totalmente distinta porque se hizo, efectivamente, un detenido estudio del negocio para objetarlo y advertir al IGSS que su implementación podría tener “repercusiones legales”, tras lo cual la directiva dio marcha atrás.
La Contraloría ha pasado inadvertida durante todo el tiempo en el que la corrupción se manejaba desde las más altas esferas y por ello es importante ver el papel que jugó en este caso y que ojalá persista, contando realmente las costillas a quienes manejan los recursos públicos, razón de ser de la institución que fue totalmente ignorada a lo largo de tantos años.
Criticamos acciones perversas cometidas desde el Estado, pero también tenemos que reconocer el mérito e importancia de aquellas otras que apuntan a empezar la depuración de la administración pública.
