En Guatemala hemos visto miles de veces a muchos muertos acarrear basura, como reza el viejo refrán que se usaba para referirse a situaciones absolutamente sin sentido. Tras décadas de la destrucción del sistema de justicia al ser secuestrado por las mafias que se han enriquecido con el dinero que debió invertirse en el bien común, podemos decir que en ese campo ya es prácticamente normal ver algún muerto acarreando basura. Ayer una Sala de Apelaciones, vinculada al diputado Felipe Alejos y a Alejandra Carrillo, asumió el papel de un juzgado de primera instancia (a los únicos que la ley asigna la facultad de dictar órdenes de captura) y decidió que las fuerzas del orden detengan a 26 personas señaladas en memoriales presentados ante la FECI por Alejandro Sinibaldi.
La empresa brasileña de construcción, Odebrecht, es reconocida por haber ejecutado posiblemente el mayor entramado de corrupción a nivel global del que se tenga memoria y Guatemala, por supuesto, no quedó al margen, logrando varios contratos durante la administración de Pérez Molina en la que Sinibaldi era ministro de Comunicaciones. El caso fue llevado por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y el exministro fue procesado por el mismo, aunque permaneció fuera del país hasta que desapareció esa instancia internacional y cambió la fiscal general del Ministerio Público. Sinibaldi se entregó aún estando la FECI en manos de Juan Francisco Sandoval.
Ahora, tras ser el acusado, se convierte en la pieza clave de la acusación que se formula contra 26 personas, incluyendo a los funcionarios nacionales e internacionales que llevaron su caso. Por supuesto que para obtenerlo primero logró que nuestro brillante y “ejemplar” sistema de justicia lo absolviera de todos los cargos presentados en su contra y de esa cuenta pasó a ser la pieza clave del nuevo giro que el Ministerio Público, de Consuelo Porras, ha dado a ese escándalo mundial de corrupción que mereció la atención de muchísimos gobiernos y sistemas de justicia.
Somos el país en el que los diputados que aprobaron a cambio de su tajada, los operadores que facilitaron los sobornos que hizo la misma empresa y los funcionarios y políticos de turno que se repartieron el botín no son procesados y por el contrario, solo se centran en los operadores de justicia que investigaron el caso. Ahora sabemos que una sala confirmó que Manuel Baldizón queda liberado en el caso Odebrecht. Han involucrado a personas de las que no se explica su rol en la acusación que hace Sinibaldi y de los cuales la Sala no establece nada para “justificar” la orden de captura. ¿Por qué?
Todos debemos rendir cuentas, sí, pero las formas dejan enormes dudas y tocan la puerta a la ilegalidad.
En el año 2015 en Guatemala se produjo un destape de la corrupción que terminó con la captura de la Vicepresidenta, primero, y del Presidente posteriormente y luego muchos ministros de ese Gobierno, incluyendo Sinibaldi. La población salió a las calles para aplaudir las acciones legales y terminó eligiendo, ilusamente, a quien decía no ser ni corrupto ni ladrón, pero que una vez en el poder se encargó de consolidar el secuestro del sistema de justicia, gracias en parte a la necedad de la CICIG y el MP de dejar el derecho indígena en las reformas al sector justicia, lo que truncó el cambio de reglas que pudiera haberle hecho frente a las mafias que controlan el sistema de justicia.
Hoy vemos que aquí ya no es, en absoluto, extraño ver muertos acarrear basura y que lo que antes era impensable es ya el pan de cada día, con los sindicados libres y convirtiéndose en acusadores, luego de que a muchos de ellos les devuelven esos millones acumulados que, como vimos en un caso, guardaban en abultadas maletas.
