La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, emitió ya su informe preliminar y el mismo es lapidario al relatar cómo las Comisiones de Postulación se han desviado decisivamente de su objetivo de garantizar el nombramiento de autoridades idóneas pues, en su lugar, el proceso se convirtió en “un canal a través del cual actores partidistas e intereses privados ejercen una influencia significativa -a menudo opaca- sobre los nombramientos para puestos judiciales”.
Categóricamente señala que “aunque el Congreso tuvo una oportunidad decisiva para reforzar el proceso mediante reformas institucionales destinadas a aumentar la transparencia y la confianza pública, no se promovieron cambios significativos y se dejó pasar el momento”. Y es que para cualquier observador resulta muy claro que esas postuladoras, que pretendieron arrebatar a los políticos el control de la justicia -dando a la Academia el control de las comisiones- terminó prostituyendo a buena parte de la Academia y dando lugar a la creación o el secuestro de universidades que únicamente se interesan en servir a las mafias para hacer las postulaciones.
El Congreso tuvo el año pasado la oportunidad de revisar los procedimientos, ciertamente, pero no se puede pasar por alto que el mismo está integrado, en su inmensa mayoría, por diputados que no representan al pueblo sino a los grupos que promueven tanto la corrupción como la impunidad para todos los que se roban los fondos públicos. Y de esas mayorías en el Congreso no se puede esperar un cambio en el sentido correcto, lo que nos lleva a decir que, tristemente, estamos condenados a seguir teniendo autoridades judiciales que usan la ley para perseguir a quienes critican el sucio sistema y para dar impunidad a los más empedernidos ladrones.
Y que conste que está hablando de jueces y magistrados, haciendo un relato detallado de cómo funcionan tanto las postuladoras como la Ley de la Carrera Judicial que, lejos de haber promovido la prioridad de los valores, han servido como escudo para mantener en su puesto a los más descarados operadores de los grupos criminales.
Vale la pena leer el informe porque explica cómo (y por qué) nuestra justicia se encuentra tan en trapos de cucaracha y debiera ayudar a que un claro y preciso movimiento social fuera el promotor de los cambios indispensables y absolutamente necesarios. No hay interferencia extranjera porque lo que hace son recomendaciones para enderezar el rumbo sin siquiera pensar en la aplicación de sanciones o medidas para impulsar esos cambios.
Pero es tan obvio lo que ocurre con la justicia de Guatemala que genera una opinión tan certera y precisa, lo cual nos debe obligar a entender que el país no tiene salida si mantenemos todo el sistema judicial secuestrado por quienes, sin siquiera necesidad de “comisiones paralelas”, vienen controlando las distintas magistraturas desde hace ya muchísimos años.
