En su artículo 12 la Constitución Política de la República de Guatemala dice literalmente que: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”, asunto que también aborda el Código Procesal Penal. La norma específica en su artículo 20 dice: “La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley”.
Viene a cuento lo anterior luego de que ayer el juez Fredy Orellana interrumpió la declaración que, con base técnica, hacía en su defensa el ex Director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, para rebatir punto por punto los señalamientos hechos en su contra por la “Fiscalía Especial (dizque) Contra la Impunidad” del Ministerio Público. En su momento, esa fiscalía puntualizó cuáles eran los supuestos delitos que había cometido Santos y él pidió la palabra para abordar, punto por punto, cada una de las sindicaciones, desbaratando de manera clara y precisa cada una de ellas.
De manera detallada fue dejando en evidencia la falsedad de las acusaciones que antojadizamente se hicieron en su contra sin conocer ni la realidad ni la misma ley que regula en qué consisten los “datos preliminares” que, como su nombre lo dice (aunque Curruchiche no lo entienda) no son de ninguna manera “resultados definitivos”. Fue tan clara y precisa la refutación que hizo el acusado que Orellana, fiel y diligente como ha sido cada vez que el MP le pide algo, ordenó silenciar a quien simple y sencillamente estaba ejerciendo su derecho constitucional a la defensa.
Que nuestro sistema de justicia está podrido es algo que todos sabemos, pero que se llegue al extremo de evidenciar de esa forma el nivel a que ha llegado es patético. Las respuestas del ex Director de Informática dejaron tan en evidencia la falsedad de la acusación que el mismo Ministerio Público, que estaba transmitiendo la audiencia como hace cuando le conviene e interesa, decidió suspender la transmisión antes de que Orellana silenciara al acusado.
Más claro no canta un gallo, pero podemos anticipar que, a pesar de la claridad de sus argumentos y de lo demoledor de las evidencias expuestas en su defensa, el tribunal no las tomará en cuenta porque no le conviene al MP. Preocupa, eso sí, que tras la burda violación de sus derechos ayer, el procesado sea víctima de algún atentado en la cárcel llena de mareros y sicarios, a donde lo envió el mismo Juez Orellana.
