La terca insistencia del juez Fredy Orellana y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad para trasladar a Eduardo Masaya y Jorge Santos Neill al centro Preventivo de la zona 18, lleno de pandilleros y peligrosos delincuentes, muestra cómo opera nuestro sistema de justicia, toda vez que colocarlos donde su vida corre inminente riesgo es para obligarlos a aceptar los cargos que les formula Curruchiche en su empeño por seguir atacando la elección democrática en la que resultó ganador Bernardo Arévalo como Presidente de la República.
Masaya es miembro del partido Semilla y Santos Neill fue Director de Informática del Tribunal Supremo Electoral y estas acciones del juez Orellana confirman lo que se ha venido afirmando, en el sentido de que únicamente insisten en el intento de anular las elecciones, lo que sería un golpe de Estado que empezaron a fraguar justamente al conocerse los resultados de la primera vuelta electoral.
La prisión preventiva es, según nuestra ley, una medida “excepcional” que se debe aplicar únicamente cuando exista riesgo de fuga o de obstaculización de la verdad mediante la destrucción de pruebas. Cierto es que en Guatemala lo de excepcional no está más que en el texto muerto de la ley, pues esa medida se aplica indiscriminadamente y se mantiene, por años, en prisión a personas sujetas a un proceso penal sin haber sido condenados.
Pero en este caso es evidente que la insistencia es para chantajear a los detenidos, puesto que sus vidas corren mucho más peligro en esa prisión de la zona 18 que si estuvieran en la prisión del Mariscal Zavala. Y la decisión no tiene otro fundamento o finalidad que la de colocar a ambos procesados en tal situación de riesgo que se muestren decididos a someterse a la terca insistencia para una aceptación de cargos para librarse del peligro inminente de muerte.
Juega con fuego el Ministerio Público y el mismo juez Orellana, puesto que si algo ocurre a alguno de los dos procesados en el Centro Preventivo de la zona 18, será obvio que juez y fiscal tendrán responsabilidad en lo que pueda ocurrirles. Pero eso importa poco a Curruchiche, Porras y Orellana porque lo que les urge es que antes de que termine el período de Porras tengan elementos que les permitan ir tras Arévalo. De eso se trata todo este proceso porque saben que están a menos de un año de dejar el MP y los hoyos a tapar son enormes.
Es en verdad una vergüenza que en nuestro país se abuse tanto de la prisión preventiva y que haya personas que pasen más tiempo en la cárcel “preventivamente” que lo que les correspondería al ser declarados culpables de la sindicación en su contra. Pero mucho peor es que se use el Poder Judicial como instrumento de chantaje para arrinconar a detenidos a que digan lo que el fiscal y el juez quieren que digan para mantener su acoso a la democracia.
