El fracaso de quienes aseguraban tener la mayoría de votos para la elección de un miembro de la Junta Directiva, el reacomodo de las Comisiones del Congreso de la República y el nombramiento de nuevo delegado ante la Junta Monetaria, representa mucho más que un simple fracaso de los que dirigen a esa nueva “coalición” parlamentaria. Y es que a diferencia de lo que ocurre en las legislaturas de todo el mundo, en Guatemala la razón esencial para que ese grupo, con abundante experiencia en ese tipo de operaciones, no lograra su cometido es simplemente porque no llegaron al “precio” que se ha puesto por cada uno de los votos.
Las mafias que hoy reclaman son las creadoras del uso del presupuesto para asegurar voluntades y ahora que no tienen el control del Ejecutivo, de las asignaciones a los Codedes y un largo etcétera, ya no les gustan las normas que ellos mismos orquestaron para operar. Por cierto que en esa manera de operar, el más perjudicado es el ciudadano porque al fin y al cabo, las obras y los beneficios no le llegan a la población porque entre los diputados y contratistas se reparten el pastel.
Es normal que entre políticos existan negociaciones, sobre todo cuando hay tantas bancadas como las que tiene nuestro Organismo Legislativo que se integra de una manera muy peculiar, pues el ciudadano no puede votar por “su diputado” sino lo tiene que hacer en planilla por los que postula cada mandamás de un partido político. Y también se puede entender que existan tácticas dilatorias que persiguen avanzar en la articulación de alianzas para lograr mayorías, pero conociendo cómo ha operado y opera el Congreso de la República de Guatemala, cualquiera sabe que aquí más que razones, no digamos los intereses populares, lo que manda es lo que se gana o se pierde por cada voto.
Tenemos dos bandos confrontados operando con las mismas viejas mañas. Por un lado está Allan Rodríguez con Álvaro Arzú y Felipe Alejos, montando su propio tamal para recuperar el control que los tres tuvieron del Congreso durante las legislaturas pasadas y la “nueva” fuerza que es comandada por Luis Aguirre y Samuel Pérez, sujetos que presumen de ser caras relativamente frescas en el escenario político pero que, por lo que ha trascendido, operan con los mismos “valores y principios” de aquellos que hasta construyeron descaradamente su búnker en el Palacio legislativo para guardar los montones de dinero que usaban para comprar votos.
El sistema de elección de los representantes no cambiará porque el mismo ha resultado sumamente útil para los políticos del país que están concentrados en amasar fortunas y jamás se detienen, ni un pinche segundo, a pensar en las necesidades del pueblo. Es una triste condición que pasa enorme factura a la ciudadanía, pues los cambios fundamentales que el país necesita tienen que pasar por el Organismo Legislativo.
No olvidemos que ya está corriendo abundante dinero para asegurar la continuidad del control que se ejerce sobre el sistema de justicia y eso tiene que entenderse como el verdadero Premio Mayor porque cada legislador sabe los intereses que se mueven en ese lucrativo campo donde pueden incrementar, hasta donde quieran, el valor de los votos. Es en ese marco que tenemos que entender el fondo de los desacuerdos actuales en nuestro Poder Legislativo.
