Por mucho que nuestro Congreso sufra un tremendo desgaste desde hace años, debido al papel que han jugado la mayoría de diputados que únicamente velan por el derecho de su nariz, no se puede pasar por alto la importancia institucional que tiene pues por su misma naturaleza y termina siendo decisivo en procesos fundamentales del país. La conformación de una alianza dirigida ostentosamente por Allan Rodríguez, Felipe Alejos y Álvaro Arzú ha logrado avances importantes y su contraparte parece irse definiendo tras la acción de Amparo interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad por el diputado Luis Aguirre, intentando frenar el control de comisiones que hoy le favorece y la embestida del otro grupo.
Supuestamente los “adversarios” de la nueva fuerza serían los miembros del oficialismo pues es contra Arévalo -y todo lo que su mandato significa- que se han movilizado. Sin embargo, resulta que acaso por la falta de personería jurídica o de liderazgo en Semilla, ha sido el diputado Luis Aguirre quien accionó contra los planes que tienen los otros de adueñarse de las comisiones de trabajo para dejar al oficialismo literalmente silbando en la loma.
Ello deja la situación en medio de una clara confrontación entre los bandos que siguen a Rodríguez, Alejos y Arzú contra el que comanda Luis Aguirre, quien mantiene una estrecha relación con el diputado Samuel Pérez que es, teóricamente, el líder del oficialismo en el poder legislativo.
Así el panorama, resulta difícil encontrar una ruta en la que el ciudadano, el pueblo en general y el país puedan salir ganando dentro de todo ese conflicto pues, por enésima vez, el Congreso marcha al ritmo que imponen las mafias y no de acuerdo a lo que son sus obligaciones legales y, sobre todo, su responsabilidad como representantes del pueblo.
Obviamente hay algo que no funciona bien en nuestro sistema político y que será muy difícil cambiar porque cualquier reforma que modifique la forma en que se elige a los diputados tiene que pasar por ellos mismos. Ninguno de los “representantes del pueblo” está realmente ocupado en ejercer esa legítima representación sino su objetivo es seguir manipulando el sistema de forma que sea fácil el saqueo de los fondos públicos y, sobre todas las cosas, que quede garantizada la impunidad para que nadie tenga que responder legalmente de abusos cometidos.
En el marco de esta disputa tenemos que preguntarnos si alguno de los dos bandos parece estar preocupado por los asuntos que interesan a los ciudadanos o si, para variar, simplemente están velando por sus propios intereses. La respuesta es más que obvia y explica claramente por qué se ve tan difícil e improbable que Guatemala pueda realmente salir de ese control férreo que mantienen las mafias sobre todo el sistema político y legal.
