Uno de los crímenes más comunes en el país es el de la extorsión que afecta diariamente a muchas personas acosadas por delincuentes que les exigen dinero so pena de causarles daños mayores en caso de no “hacer su contribución” para esos bandidos que así se ganan la vida. El aumento de las denuncias que se formulan al Ministerio Público es un indicador del tenebroso ritmo que prevalece y la cantidad de personas que, cansadas de esas presiones, acude al MP para buscar ayuda es impresionante.
Por desgracia, ese incremento de denuncias no se traduce en un aumento de las condenas contra los extorsionistas. Hoy publicamos un trabajo con relación al tema, en el que se evidencia que únicamente 6.1% termina en condena para los agresores, pese a que disponemos de un Ministerio Público que se califica a sí mismo como FuerteyFirme según lo que publican en las distintas redes sociales. Una de las explicaciones que dieron los fiscales encargados de esa materia es que, para empezar, si no se produjo el pago no puede perseguir a nadie por extorsión porque el delito se consuma cuando se produce ese traslado de dinero.
En otras palabras, quien está siendo acosado y acude al Ministerio Público a formular una denuncia tiene, según el fiscal, que haber hecho el pago de la extorsión, como si las amenazas y el acoso no fueran también una forma de delito que tiene que ser perseguido para prevenir ese comportamiento criminal que es coordinado muchas veces desde las mismas cárceles del país. El titular de la fiscalía respectiva dijo que para poder “presentar una investigación que derive en un proceso penal ante un juzgado, debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones: que la víctima haya pagado parte del dinero exigido; que haya recibido la amenaza de forma verbal o escrita sin interrumpir la comunicación —por ejemplo, colgando la llamada—; o que el MP haya logrado individualizar al presunto extorsionista.”
El ciudadano que es acosado y acude al Ministerio Público lo hace confiando en que su denuncia servirá para dar seguimiento a las acciones de los criminales, ya sea mediante escuchas telefónicas o vigilando el sitio en donde se producen las amenazas. Según el MP, 97 por ciento de los casos que han ingresado durante la gestión de Consuelo Porras han sido “resueltos”, pero esa “resolución” no significa -en absoluto- que terminaran en alguna condena puesto que se incluye cualquier caso que termina siendo cerrado por los mismos fiscales que no pueden avanzar con las pesquisas.
Guatemala necesita todo un sistema en el que sus fuerzas de seguridad e inteligencia ataquen ese delito. La zozobra que generan esos delincuentes en las familias es terrible.
Obviamente es un problema grave y viene de mucho tiempo atrás, pero es importante que el ciudadano entienda que presentar una denuncia no significa, en absoluto, que el Estado vaya a procurar su protección, lo cual es penoso si se contrasta con la propaganda que se hace el MP respecto a ese 97% de casos “resueltos”.
