El colmo del manoseo de la ley se produjo esta semana cuando el Ministerio Público pidió formalmente al Congreso copia del acuerdo «de nombramiento”» del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, en el marco de la persistencia del esfuerzo que han mantenido para violentar el orden constitucional. Con justa razón se ha dicho que se trata de una tontería porque el Presidente no fue nombrado por el Congreso sino electo por los ciudadanos de conformidad con la Ley Fundamental, correspondiendo al Organismo Legislativo únicamente “dar posesión del cargo” a quienes favorecidos por el voto.
Pero conociendo cómo se opera en el país, no se trata de una tontería sino de una de las tantas manipulaciones de la ley que se hacen con el objetivo esencial de derrocar al gobernante guatemalteco, tarea que empezó con todos los procesos, violentando la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, para anular las elecciones. Ahora intentan lograr su objetivo cuestionando el “nombramiento” que, según ellos, hizo el Congreso en su primera sesión, aún bajo la conducción de una Junta Directiva que luego fue desconocida por la Corte de Constitucionalidad.
Sin embargo, esa misma Corte que obligó a realizar la elección de una nueva Directiva, expresamente avaló la toma de posesión de las autoridades electas por el pueblo. Acostumbrados, como están, a retorcer la ley y a encontrar jueces que les ayuden en sus maniobras ilegales, confían en que mediante ese procedimiento lograrán el objetivo que se impusieron desde que se produjo aquella famosa llamada en la que el compañero sentimental de Giammattei lo regañó por no poner en cintura a esa “vieja C…” y al “indio P…”, apelativos que usó para referirse a la Fiscal General y al jefe de la FECI.
Esta semana señalamos que la guerra está declarada y que sin duda vendrán muchos momentos de tensión en el conflicto derivado de las acciones para romper el orden constitucional, tema que se persigue con esa tontería legal que, de todos modos, puede encontrar eco en algún juez de los que se someten a los dictados de quienes tienen el control del sistema de justicia.
Nos guste o no lo que ha ocurrido en el país desde enero del 2024, no se puede objetar que el gobierno actual fue electo libremente por los ciudadanos en un proceso que sorprendió de tal manera que hizo que el mismo Ministerio Público, al margen de la ley, secuestrara la papelería electoral que, por mandato legal, debe estar bajo control del Tribunal Supremo Electoral. Otra cosa es cómo han ejercido el poder.
Con lógica y sentido común se ha puesto en evidencia la tontería del Ministerio Público al pedir certificación del “nombramiento” de Arévalo como Presidente, supuestamente hecho por el Congreso. Pero la lógica y el sentido común salen sobrando cuando el régimen de legalidad ha sido roto por quienes debieran ser sus garantes.
