Si algo es absolutamente claro en el país es que caímos en una crisis por la destrucción perversa del Estado de Derecho que en vez de cumplir sus verdaderos fines terminó siendo no sólo un escudo de impunidad para los más sinvergüenzas, sino un instrumento de venganza de las mafias en contra de los ciudadanos que desean un cambio.
La elección del año 2023 demostró que, contra lo que podía parecer por la indiferencia de muchos, la mayoría de guatemaltecos está harta de la situación y desea un cambio profundo que no será posible sin empezar por el rescate de todo el sistema de justicia para que la aplicación de la ley sea un instrumento a favor de la gente honrada y en contra de los deshonestos. Se confirmó que, contra lo que se podía estimar de comportamientos pasados, los buenos son más que los malos y ahora lo que hace falta es que los distintos sectores de la sociedad se articulen para dar los pasos que nos hacen falta en la reconducción del Estado de Derecho.
Guatemala necesita generar más y mejores oportunidades, pero poca gente querrá invertir en un país en el que la certeza es que quien opera en la corrupción y la impunidad tiene Consuelo. La estabilidad de la que tanto se ha hablado queda en juego porque hay quienes tienen una fijación y andan viendo quién se las paga y no quién se las debe, a meses de quedar desprotegidos y en riesgo legal.
Obviamente se requiere de un claro liderazgo del gobierno y una participación más directa de los ciudadanos, pero los hechos demuestran que el atropello no se limita a querer invalidar la democracia vía derrocar a un gobierno, que nos guste o no, ganó las elecciones porque así quiso la gente, sino que van con todo con cualquiera que no se alinee y resigne al secuestro de la institucionalidad del país. La clave hoy es la participación directa de quienes cuidaron los votos y esos millones de personas que emitieron sus sufragios con el único propósito de terminar con el despilfarro de todos los fondos públicos que se quedan en maletas inmensas que siguen recolectando muchos de los que siguen operando el sistema de diversas maneras.
El gobierno tiene que ser el gran coordinador para lograr esa unión capaz de hacer la fuerza que se requiere en este momento crucial de la vida nacional. No se presentan muchas veces oportunidades como la que genera esta última embestida que demuestra que no andan viendo quién la debe sino quién la paga y que no se detendrá ante nadie. Todo ciudadano honesto está expuesto a sufrir vejámenes y persecución en la medida en que se mantenga incólume ese insolente poder que se adueñó de la institucionalidad y que está dando lo que pueden ser sus últimas patadas de ahogado, siempre y cuando los ciudadanos sepamos reaccionar como lo demanda el momento histórico que vivimos.
Aquí todo el que en algún momento haya repudiado el intento de anular las elecciones en el 2023 y no se someta a los dictados de la pareja que perfeccionó la captura de todo el sistema, corre el riesgo de verse perseguido y el país no puede continuar viviendo en esa burla a la justicia y a los principios elementales del derecho.
