Todos los actos de la administración pública, según la Constitución, tienen que estar disponibles para que los ciudadanos los conozcan y no puede haber acuerdos secretos, situación que contrasta, no solo con la forma en que se realizan pactos colectivos con sindicatos estatales -como el del magisterio-, sino respecto al contenido de los mismos. Para mañana está convocada una manifestación de la organización que dirige Joviel Acevedo por supuestas dilaciones en la discusión con las actuales autoridades, pero éstas han informado que la causa es otra pues en el tema de aumento salarial hay avances significativos.
En efecto, según palabras de la Ministra de Educación, el tema gira alrededor de la decisión que ha tomado el Ministerio de eliminar artículos que vienen de pactos suscritos anteriormente que van mucho más allá de lo que significa una negociación respecto a las condiciones de trabajo. Según la funcionaria, hay “artículos que convierten a los dirigentes en autoridades paralelas y que les permiten vetar beneficios como capacitaciones y medidas para mejorar la calidad educativa”. Cabalmente mejorar la calidad de la enseñanza pública es función esencial de las autoridades a cargo del Ministerio de Educación, pero resulta que por pactos suscritos a espaldas de la población, los dirigentes del STEG pueden vetar lo que no les parezca.
Como hubiera dicho Cantinflas, “ahí está el detalle” que explica por qué insisten en que el pacto colectivo sea secreto y que, contra lo que ordena la Constitución, no sea de amplio conocimiento público. Resulta que no se ha negociado simplemente lo que tiene que ver con horarios, salarios y condiciones de trabajo de los maestros, sino sobre todo con el privilegio para los dirigentes que pueden vetar cualquier disposición del Ministerio cuando no les guste, otorgando a Joviel Acevedo y sus compañeros dirigentes, el derecho de decidir sobre cómo puede y debe funcionar el sistema educativo.
Obviamente los anteriores pactos, suscritos por funcionarios que negociaron esencialmente que el STEG fuera una fuerza de choque a favor de los grupos más corruptos del país, tienen muchas más cosas que de ser de conocimiento público serían verdadero escándalo y de esa cuenta es que, hasta con la indiferencia de la Corte de Constitucionalidad, llamada a preservar el orden que establece nuestra Carta Magna, mantienen el secreto de los pactos colectivos.
Los indicadores del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes son patéticos y colocan a Guatemala en los últimos lugares del mundo, lo cual es resultado de que mantener en trapos de cucaracha el sistema educativo termina siendo parte de los acuerdos que se subscriben bajo el engañoso título de pactos colectivos que han empoderado a esa dirigencia sindical a cambio de que apañen toda la corrupción.
