Desafortunadas resultaron las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, al afirmar que “uno de Estado poco puede hacer porque uno trata de buscar nuevos proveedores pero, honestamente, en el mercado de insumos que uno va a comprar se topa con los monopolios”, justificando de esa manera que se siguen haciendo contratos con las mismas empresas que durante los últimos años operaron bajo las normas que perfeccionó el co gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, el jefe de jefes. Da una sensación que el cambio de cómo el Estado adquiere sus bienes, de forma más eficiente, no es posible o al menos no por ahora.
En primer lugar el ministro no es el Estado sino es un funcionario y es en esa calidad que no ha logrado salir del atolladero en que nos metió la corrupción y si durante años cada adjudicación salpicaba a medio mundo, por lo menos debieran mostrarse reducciones considerables de precios porque ello indicaría que, aunque sean los mismos, ya no pagan la mordida correspondiente.
Ciertamente los proveedores pueden ser los mismos, pero nos debemos asegurar que no se sigan adquiriendo bienes o servicios a iguales o mayores precios de lo que se establecieron en tiempos de grandes mordidas y comisiones porque si no algo andaría definitivamente muy mal. Sea porque los burócratas siguen sacando raja o porque, de no ser así, los proveedores se están forrando con los sobreprecios sin pagarle ya coima a ninguno.
El Ministerio de Desarrollo Social se suponía que evitaría el manejo politiquero de los recursos orientados a mejorar el desarrollo humano pero viendo que los niveles de pobreza no han disminuido a lo largo de la existencia de ese despacho, resulta que no ha hecho el menor aporte y por eso ahora es un momento clave porque de lo que se haga en esa cartera, se pueden dar próximos pasos para lograr una mejor contratación de bienes y servicios a nivel del Ejecutivo.
La Hora es un medio que considera que el Gobierno debe seriamente centralizar, al menos por un periodo de transcición, las compras y adjudicaciones en un ministerio destinado a ello, especializado en economías de escala, obsesionado con la eficacia y la transparencia y forzando a las demás dependencias a planificar mejor y no andar haciendo que todo “urja” para andarle buscando la vuelta a la norma.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) no tiene la capacidad humana de fiscalizar el 100% de las unidades ejecutoras del Estado y buena parte de ellas están en el Ejecutivo. La centralización además debería poder reducir tiempos de adjudicación y debería poderse integrar desde el inicio del proceso a la misma Contraloría. Son los ritmos que el país demanda y la gente necesita.
El mandato otorgado por los electores a este gobierno fue claro y preciso para combatir las malas prácticas de la corrupción y resulta contradictorio escuchar esa declaración que trata de justificar el que la fiesta siga exactamente como ha venido dándose desde hace ya tanto tiempo. Cierto es que no solo el Ejecutivo tiene responsabilidad sino también la comparten con los otros dos organismos (esos sí del Estado) porque el Congreso ha demostrado para qué y por qué legisla mientras muchos en el Judicial ratifican su compromiso absoluto con la impunidad de los que más se roban el dinero.
Si no hay nuevos oferentes y se tienen que adquirir los bienes o servicios con los que se afianzaron pagando mordidas, por lo menos se debió dar una renegociación para que, al no haber sobornos de por medio, los precios bajaran estrepitosamente. Pero al parecer basta con decir que “uno de Estado” no puede hacer nada para que el cambio se siga postergando.
