Guatemala necesita tener discusiones profundas, francas y transparentes respecto al servicio civil y el rol que juega cada persona que es contratada en el Estado. A lo largo de los años se ha venido perdiendo ese sentido de servicio y el Estado ha sido el gran botín de empleo y contratos con el que se pagan favores políticos y se sellan otro tipo de acuerdos, que no necesariamente están orientados al servicio ciudadano desde el mismo Estado. Creemos sano cualquier esfuerzo por ordenar la situación del personal en todas las dependencias públicas porque un aparato burocrático estable y preparado es conveniente para ellas y para el país en general.
Sin embargo, debemos mencionar que la contaminación provocada por la captura que de todo el Estado han realizado las mafias también tiene efectos en los temas laborales, no solo por algunas de las contrataciones que se realizan sino que, tristemente, hasta una forma de organización creada para velar por los legítimos intereses de los trabajadores, terminó cayendo en ese juego. Hablamos de los sindicatos de trabajadores del Estado que tiene, sin duda alguna, a su ejemplo más visible en el Sindicato de Maestros que dirige Joviel Acevedo, el que ha pactado aumentos a cambio de operar como fuerza de choque de los gobiernos más corruptos, pero no podemos olvidar el sindicato del Ministerio de Salud.
Y en el esfuerzo que se pueda hacer ahora para dar cumplimiento a un artículo de la Ley del Presupuesto 2025 no se puede pasar por alto ese factor. Empezando porque hay al menos un sindicato que tiene estrechos vínculos con diputados y que puede haber sido el motor del artículo 140 de dicha ley porque entre los miembros del Congreso que la promovieron y aprobaron están aquellos que mantienen relación con el referido sindicato.
Al margen de lo que se pueda y deba avanzar en el tema del personal de Salud, que es importante para el bienestar de los ciudadanos, hay que decir que es preciso hacer profundas reflexiones sobre la forma perversa en que se ha usado el derecho constitucional a la libre sindicalización para generar monstruos que no tienen otra finalidad que la de aprovechar la corrupción existente para sacar máximo provecho, salpicando a los afiliados pero acumulando ganancias para los dirigentes.
Tristemente es irrefutable la máxima que sostiene que “hecha la ley, hecha la trampa” porque sin duda la decisión de autorizar la sindicalización en el sector público fue bien intencionada para otorgar a los trabajadores del Estado las mismas garantías y oportunidades que tienen los particulares, pero no se tomó en cuenta la forma en que operan los grupos de poder que se encargaron de corromper al Estado. Y son esos grupos los que terminaron usando a los sindicatos, no para ocuparse de la dignificación del servidor público, sino facilitando su utilización con fines totalmente ajenos al espíritu de los sindicatos.
