Las leyes que regulan la contratación de obras y servicios en el Estado fueron diseñadas, supuestamente, para evitar el mal uso de los recursos públicos y de esa cuenta existe una serie de mecanismos que debieran cumplir con esa finalidad pero que, en la práctica, únicamente sirven para entrampar los trámites, sin que ello se traduzca en transparencia. Sufrimos una de las peores épocas de corrupción en toda la historia del país, tanto así que los ciudadanos volcados en las urnas emitieron su voto con el claro mandato de repudiar a los aspirantes presidenciales que parecían comprometidos con los responsables del descalabro.
El mandato, como todos sabemos, no se ha podido cumplir por varias razones, pero destaca que las mafias supieron operar con brillante eficiencia para dejar abiertas las arcas y garantizar, además, la más absoluta impunidad a los funcionarios que se enriquecen con el mal uso de los fondos. Las maletas de Benito y los trinquetes con Odebrecht son pruebas contundentes de cómo los más largos salen bien librados, a pesar de la existencia de ese complejo trámite burocrático que entrampa todos los procesos de compras y contrataciones sin hacerlos, para nada, transparentes.
A eso debemos sumar que las obras denunciadas por supuestos malos manejos, quedan totalmente paralizadas en lo que representa una doble pérdida para el Estado: se pierde el dinero y el bien no se puede utilizar para terminar una obra de utilidad para el ciudadano.
Obviamente hay un serio problema a la hora de querer enderezar la nave porque casi todos esos procesos referidos están basados en ley y haría falta que el Congreso de la República los modificara con visión de país y en busca de la real transparencia. Pero resulta que muchos de los más beneficiados con esos trinquetes, sobre todo a través de los Consejos de Desarrollo, son los mismos diputados y obviamente no van a renunciar a sus privilegios. Y eso nos coloca en un callejón sin salida porque ni siquiera las reparaciones urgentes, en casos como el de la Autopista Palín-Escuintla, se pueden realizar ágilmente porque la misma ley se encarga de hacerlo imposible.
Si tuviéramos una ley de la Contraloría de Cuentas que permitiera la fiscalización directamente en el momento en que ocurren los procesos que deben evitar tratos entre contratistas con los funcionarios y en ocasiones hasta la Junta de Licitación, podría avanzarse mucho, no sólo en términos de velocidad para que opere el Estado sino también buscando la mayor transparencia. La vigilancia a posteriori de la Contraloría termina siendo inútil, sobre todo cuando sus hallazgos pasan a un Ministerio Público en donde los más largos tienen siempre Consuelo y un Ángel guardián que se encarga de velar por la impunidad.
El país se puede estar derrumbando y no hay forma de acelerar los procesos de reconstrucción de la obra pésimamente ejecutada porque la misma ley pone valladares que no impiden la corrupción, pero que sí retardan los procedimientos.
