Cuando en 1985 se decretó la actual Constitución Política de la República de Guatemala y se realizó la primera elección no manoseada, contra lo que se venía haciendo previamente, los guatemaltecos pensamos que se producía un cambio de enorme trascendencia y no faltaron los que compararon ese momento histórico con lo ocurrido en 1945 con la instalación del primer gobierno democrático tras el derrocamiento de la dictadura de Ubico. Cerezo Arévalo, perteneciente a uno de los partidos que habían sido afectados por la sucesión de fraudes electorales, aún cuando en su momento decidieron postular como candidato al general Efraín Ríos Montt, fue investido como Presidente en lo que parecía ser el principio de transformaciones de fondo.
Repasando la historia a partir de ese momento vemos cómo la única constante que se repitió una y otra vez es que cada nuevo gobierno resultaba más proclive a fortalecer el sistema en lugar de enfrentarlo y el ejercicio de prácticas de corrupción fue aumentando a pasos agigantados, al punto de llegarse a convertir en el único objetivo de muchos gobiernos que no programaban sus gastos en inversión a favor de la gente sino en negocios que les permitieran rellenar maletas con cientos de millones de quetzales.
El efecto de todas esas anomalías lo vemos hoy, con una infraestructura de pesadilla que nos complica aspirar a más,, con un sistema educativo que no llega a formar realmente a nuestra juventud, con una sociedad carente de suficientes oportunidades que ha expulsado a más de tres millones de guatemaltecos que aquí no encuentran suficientes caminos para ganarse la vida y sostener a sus familias; qué decir con una sociedad que llegó al punto de resignarse pensando que la corrupción es inevitable.
El año pasado la elección permitió a muchos guatemaltecos emitir un voto de repudio a ese vicioso sistema empobrecedor del país pero generador de enormes fortunas para quienes fueron perfeccionando el modelo. Sin duda alguna, una de las razones más importantes para ese viraje de la opinión pública fue la certeza de que, además de los perjuicios arriba señalados, Guatemala había perdido su régimen de justicia porque uno de los mayores intereses de las mafias políticas fue secuestrar el sistema mediante el manoseo de las comisiones de postulación, lo que significó colocar en los puestos encargados de aplicar el peso de la ley a quienes se comprometieron a ser garantes de la impunidad.
No digamos lo que pasó con el Ministerio Público que, descarada y abiertamente, se instituyó como la pieza clave para ir asegurando la exoneración de todos los operarios de la corrupción y la persecución de cualquiera que critique el proceder de la justicia.
El mandato de los guatemaltecos en el 2023 se ha ido diluyendo entre la persistencia de los mafiosos y la indolencia y falta de acción de quienes estaban llamados a ser la llave del cambio. Les ha constado ejecutar esa orden expresada en las urnas, pero la frustración ciudadana es cada día mayor y demanda acciones que vayan más allá del lenguaje diplomático.
Emprender el camino del cambio es necesario si no queremos caer de lleno en las garras del crimen organizado en 2027.
