Ayer, en la sección de opinión, se publicó un artículo del grupo Jóvenes por la Transparencia, en el que la autora, Cynthia Mileydi Cholotío Hernández, plantea el camino de desafíos y oportunidades que hay para la participación de las mujeres en la política guatemalteca y hace referencia a los avances que se han dado en ese campo, pero destaca que persiste la marcada diferencia entre el papel que juegan los hombres y el que desempeñan las mujeres en las decisiones de interés e importancia nacional.
Creemos, como la autora, que la mujer tiene que tener más participación tanto en la política como en el conjunto de actividades sociales y hemos observado cómo, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, empezó a darse un notable incremento que, sin embargo, aún tiene mucho campo de crecimiento. Y hemos visto mujeres desempeñando funciones legislativas, en el sistema de justicia y en el Organismo Ejecutivo, pero persiste la marcada diferencia en cuanto a la cantidad.
La mayor participación de la mujer es crucial para promover un cambio significativo y eso quiere decir que el acceso a las posiciones en las que se pueden tomar decisiones debiera seguir creciendo. Hay prácticas, sin embargo, que lejos de marcar el tema del crecimiento lo destruyen por completo, como cuando una mujer en cargo público es señalada de corrupción y recurre, inmediatamente y con la complicidad de un viciado sistema de justicia, a denunciar los señalamientos como un acto de violencia contra la mujer, recurriendo a la Ley de Femicidio para que se impida cualquier publicación que contenga señalamientos en su contra.
El desarrollo y crecimiento de hombres y mujeres, que todos debemos alentar, queda comprometido cuando resulta que para algunas mujeres el derecho a la crítica y a formular señalamientos, garantizado por la Constitución, únicamente aplica a los funcionarios hombres, pero no a las mujeres en el sector público. La comprensible aspiración de igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres, tan bien expuesta por la joven Cholotío, sufre un duro revés cuando se constata la manera en que, a lo largo de los años, distintas mujeres que han sido señaladas por abusar de su función pública incurriendo en corrupción, y luego pretenden vedar el derecho a la fiscalización por el simple y sencillo hecho de ser mujeres.
La Constitución en su artículo 35 no se refiere al derecho de crítica o de formular señalamientos únicamente contra los funcionarios varones, sino a cualquier funcionario o servidor público. Pero tenemos jueces, magistrados y fiscales que manosean la Ley de Femicidio para apañar reclamos que no buscan garantizar legítimos derechos de la mujer, sino impunidad sobre la base del sexo.
Es bueno que al abordar el tema de la igualdad se señale, además de las legítimas aspiraciones, las deformaciones que se han dado a lo largo de nuestra historia.
