Hoy estamos publicando un trabajo sobre las acciones penales que el Ministerio Público ha iniciado contra nuestro colega Diego España y que tienen origen, según fuentes internas del MP, en la molestia que tiene la Fiscal General, Consuelo Porras, luego de una pregunta directa y concreta que España le planteó en mayo pasado. La pregunta se formuló así: “Con todo respeto es una pregunta para la fiscal general. ¿Por qué todas las investigaciones que podrían poner en aprietos al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez no prosperan? El secretario general (Ángel Pineda) dijo que habría resultados, pero no los hay. Asimismo, usted dice que será obstáculo para el nuevo gobierno (de Bernardo Arévalo), pero no fue obstáculo con Martínez ni Giammattei. ¿Cómo justifica esto?”
El pasado 17 de octubre el mismo periodista supo que la fiscal de la FECI, Sofía Castillo, se había reunido privadamente con la jueza Abelina Cruz, previo a conocer un caso relacionado con un familiar de Alejandro Sinibaldi (quien por cierto fue también favorecido por la jueza) y entrevistó a la fiscal al verla salir del despacho de la administradora de justicia. La entrevista completa está filmada y al verla se puede evidenciar el trato correcto y educado del comunicador social al cuestionar a la fiscal por haber tenido una reunión expresamente prohibida por la legislación guatemalteca.
La Fiscal General y sus peones vieron el momento oportuno para intentar pasarle la factura a Diego España por haber hecho aquella directa y molesta pregunta a Consuelo Porras, respecto a la forma en que apaña todo acto de corrupción de Giammattei y Martínez. Tanto así que ordenaron a fiscalías de delitos contra la mujer que emprendieran acciones contra España por el delito de Violencia contra la Mujer, no obstante que el video expresamente muestra que ni remotamente hubo ninguna agresión, ni física ni verbal, y que el periodista simplemente cumplió con su deber de informar.
La utilización de la Ley de Femicidio con fines aviesos, totalmente ajenos al espíritu de una ley que con mucha justificación pretende evitar abusos machistas en las relaciones entre hombres y mujeres, no es cosa nueva pues consistentemente se ha visto la forma en que se manipula esa norma legal para no solo apañar acciones ilegales cometidas por funcionarias públicas, sino también para acallar las críticas que se les puedan formular.
El caso de Diego España ha sido analizado a nivel nacional e internacional por distintas organizaciones preocupadas por la libre emisión del pensamiento y de forma unánime se ha repudiado el proceder de un MP caracterizado por la expresión de Curruchiche pidiendo que la acción de España, aunque no sea delito, “no quede impune” puesto que por órdenes superiores debe ser castigado a como dé lugar en nuestro perverso sistema de justicia.
El país merece un mejor Estado de Derecho, un mejor MP y una verdadera justicia.
