Al menos 51 personas que viajaban a la ciudad capital para iniciar la semana laboral perdieron la vida esta mañana, muy temprano, cuando el autobús en que se transportaban cayó en un barranco en la bajada de la colonia Atlántida hacia el cementerio Bouganvilias. No se han determinado aún las causas del percance, pero lo que se puede afirmar es que viene a sumarse a la inmensa cantidad de tragedias que se han dado a nivel nacional, en las que muchas veces son vehículos de transporte público los involucrados.
Según las autoridades de la Policía Nacional Civil, el piloto tenía licencia tipo C, la que no es apta para manejar ese tipo de vehículos y según la Dirección General de Transportes (DGT) la unidad tenía póliza de seguro vigente. Será clave que esas familias tengan el resarcimiento apropiado y esto permita marcar un antes y un después para este tipo de sucesos.
Se trata de una verdadera tragedia que enluta a muchas familias y que vuelve a poner en evidencia la falta de mecanismos eficientes de control para garantizar el buen estado de las unidades de transporte público o la pericia de los pilotos. Hace varias semanas publicamos una investigación sobre las malas prácticas que se vienen dando desde hace años en la Dirección General de Transportes, encargada de otorgar las respectivas licencias para que los buses puedan circular. Mediante mordidas cualquiera puede obtener una de esas licencias sin verse obligado a acreditar la condición en que se encuentran las unidades. La misma directora de Transportes dijo la semana pasada que ha presentado varias denuncias ante el Ministerio Público, tras descubrir malas prácticas que se habían vuelto ya tradición en la Dirección General.
A ello hay que agregar que los vicios que permiten a personas con licencia no apta manejar una unidad para la que no están capacitadas, situaciones que se combinan para mantener ese alto índice de percances con resultados fatales, pues es notoria la falta de pericia y de respeto a las leyes por parte de muchos de quienes conducen diariamente a miles de personas.
La ausencia de mecanismos para forzar al respeto de las normas elementales del tránsito es evidente y esto nos obliga a generar un intenso debate para lograr mayor efectividad, porque está claro que el tema de las multas no lo resuelve por muchas razones y se necesita poner orden en todo el sistema de transporte, a lo cual se suma también el deterioro de la infraestructura vial a lo largo y ancho del país, combinación que genera esa insoportable y peligrosa inseguridad.
Nada permitirá mitigar el duelo y el dolor de esas familias que perdieron a alguno de sus miembros en el percance de tránsito, pero es obvio que la empresa de transportes tienen la obligación de resarcirlos de alguna manera y el Estado de verificarlo, no solo por elemental sentido de justicia sino también porque es ineludible la responsabilidad histórica que hay de toda la sociedad, incluyendo a los políticos del pasado, que se han hecho de la vista gorda y ahora, con este ímpetu que ha mostrado la DGT, debe ser diferente.
