Hace 14 años, en diciembre del 2010, el Congreso emitió el Decreto 55-2010 que contiene la Ley de Extinción de Dominio con la intención de que quienes se enriquecen de manera ilícita no puedan disfrutar de los bienes adquiridos gracias a esas malas prácticas tan generalizadas en la vida nacional. Y desde entonces se ha venido aplicando la ley y varios de los exfuncionarios, especialmente del régimen de Pérez Molina y Baldetti, fueron despojados de valiosos bienes entre los que hay tanto edificios como vehículos y otros activos.
Sin duda alguna, la ley necesita revisiones para actualizarla y hacerla acorde a los tiempos, sin embargo, ya sabemos que desde hace años en Guatemala se estableció un régimen jurídico, cuyo principal objetivo es garantizar impunidad a quienes se roban los fondos públicos y hacen chinche con el Presupuesto General de la Nación mediante compras o contrataciones que resultan no solo onerosas para el país, sino jugosas para los operarios de la corrupción. Y hemos ido viendo cómo uno tras otro, los más destacados y reconocidos funcionarios que fueron en su momento señalados por actos de corrupción, han logrado “solventar” los procesos en su contra, recuperando la libertad inmediata.
Quedaba, sin embargo, la Extinción de Dominio que no les permitía disfrutar de todos los bienes mal habidos, muchos de los cuales fueron adquiridos dentro del proceso de lavado del dinero robado. La normativa, decretada cuando era presidente del Congreso Roberto Alejos, en tiempo de Álvaro Colom, afectó a muchos de los funcionarios de ese tiempo y se ha aplicado a los lavadores de dinero, tanto producto de la corrupción como del narcotráfico.
Obviamente cuando empezó el control del sistema de justicia para limitar la investigación seria y los castigos en casos de burda corrupción, lo prioritario era velar porque no fueran condenados aquellos que resultaron involucrados en su momento; hemos visto la consistencia de ese sistema de justicia para ir absolviendo hasta los casos más burdos, descarados y la tónica no ha cambiado en absoluto sino que, por el contrario, parece seguir avanzando a pasos agigantados para que no solo se les perdone los delitos, sino devolverles los bienes sometidos a extinción de dominio para que puedan gozar tranquilamente de ellos.
El último caso es el de un edificio que fue sometido al proceso de extinción de dominio, propiedad de una empresa vinculada a Alejandro Sinibaldi, quien fuera oportunamente vinculado al caso “Construcción y Corrupción”. Y ahora recibió de vuelta el edificio que había sido asignado temporalmente al Estado y donde funcionaba la Alerta Alba Keneth, pero ya antes el mismo juez, nombrado por la anterior CSJ, había devuelto un lujoso apartamento al ex magistrado Eddy Orellana, quien lo recibió como “regalo” del “Rey del Tenis” por amaños en las elecciones de Cortes.
La impunidad tiene que ser total y, para no tener que dar explicaciones, el MP simplemente dice que todos esos casos están “bajo reserva”.
