Ante una solicitud formulada conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, para obtener copia del punto de acta de la Junta Directiva en la que se aprobó el negocio montado a toda velocidad con la empresa Centro de Diagnósticos Médicos para dar servicio a pacientes con cáncer, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se acogió a una norma interna que establece como confidencial la “información sobre patronos y trabajadores”, datos sobre los cuales La Hora no solicitó absolutamente nada.
La Constitución de la República, ley suprema de la Nación, establece clara y categóricamente, en su artículo 30, lo siguiente: “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.”
La reunión de la junta directiva es un acto administrativo y, por lo tanto, sus actas con públicas y lo que pedimos fue una certificación de la misma y, obviamente, esa reunión no tuvo que ver con asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional ni contiene datos suministrados por particulares con garantía de confidencia. ¿Bastaría que una empresa cuyo giro ordinario y común sea robar el dinero de los impuestos dijera que proporciona datos con garantía de confidencia para que se pueda ocultar un acto de corrupción?
Repetimos que se trata de indagar ese negocio que muestra abundantes manchas, no solo en el IGSS sino también en el Ministerio de Salud que en el 2023 le otorgó licencia a la empresa en menos de lo que dura una jornada ordinaria de trabajo, certificándola como apta para dar tratamiento a pacientes con cáncer sin siquiera tomarse la molestia de visitar sus instalaciones. Supimos de un voto en contra en la sesión de Junta Directiva y de otro voto razonado y por supuesto que los argumentos de quienes no estuvieron totalmente de acuerdo con la orden del Jefe de Jefes son de interés público.
Ya vimos cómo se burlan de la orden Constitucional en temas como el pacto colectivo de los maestros y ahora el IGSS hace lo mismo para encubrir algo que huele a podrido. Es dinero público de lo que estamos hablando, tanto en el pacto que busca el sindicato de maestros como en la contratación que hace el Seguro Social, supuestamente para dar atención a pacientes con cáncer.
¿Hasta cuándo nuestras instituciones van a pasarse la Constitución por el arco del triunfo dentro de la estrategia y todo el esquema montado para encubrir y facilitar los actos de corrupción? ¿Debemos los guatemaltecos cruzarnos de brazos ante ese descarado cinismo para ocultar algo que es, por naturaleza, nuestro derecho conocer?
