Es obvio que en muchos sentidos los procesos llamados a ser democráticos terminaron siendo “pistocráticos” en nuestra Guatemala, tanto así que el derroche de dinero de varias de las planillas que se disputan la directiva del Colegio de Abogados de Guatemala va mucho más allá del uso de helicópteros para viajar a hacer campaña en el interior del país. En realidad es una competencia para ver quién compra más votos, sacando provecho al dinero que manos no tan ocultas ponen a disposición de los candidatos para asegurarse los beneficios que resultarán palpables en las próximas Comisiones de Postulación.
Se confirma que el sistema de designación de magistrados y otros funcionarios mediante las Comisiones de Postulación, lejos de haber cumplido el fin de quitarle a los políticos el monopolio de esas designaciones, terminó pudriendo a buena parte de la Academia y, como en este caso, a los Colegios Profesionales. Desde hace ya mucho tiempo que la meritocracia dejó de operar para elegir a los más prestigiosos y calificados profesionales para dirigir los colegios. Y no es únicamente por el interés en el manejo de millonarios fondos, como los que se manejan entre los profesionales del derecho, sino básicamente para mantener un sistema perverso en el que lo fundamental es la impunidad.
El pasado 21 de junio del año 2024 los abogados tuvieron que elegir a quienes los representarían en las postuladoras para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones y un grupo que pretendió rescatar el prestigio del gremio logró algunos votos, pero no suficientes para acabar con las malas prácticas. Ese esfuerzo se vio truncado cuando el oficialismo en el Congreso operó con oscuros personajes en el Congreso para intentar lograr un objetivo que tampoco consiguieron. Ello hace pensar que en esta oportunidad veremos otra vez más de lo mismo, no sólo porque los profesionales que trabajan para el Estado se sienten obligados a votar a favor de alguna de las planillas más evidentemente comprometidas con las malas prácticas, sino porque en el país nos hemos ido acostumbrando a que no hay mucho chance de cambiar las cosas.
En el siglo pasado todavía ser electo para presidir alguno de los colegios profesionales era una especie de galardón a la gente decente y capaz, pero ello ya pasó a la historia porque la masificación abrió el camino para esas prácticas de compra de votos que destruyó ese honroso precedente.
Ahora son dos las piezas clave de la elección. La postuladora para Fiscal General del Ministerio Público y la de los futuros magistrados de la Corte de Constitucionalidad y por eso Nester Vásquez pelea con todo. Alrededor de esas decisiones clave, críticas para el Estado de Derecho, es que corre ese abundante dinero que hace volar, literalmente hablando, por todo el país a los aspirantes. Y es que las mafias saben que esa inversión sí que vale la pena.