Hoy publicamos un exhaustivo reportaje sobre el caso de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, vinculada a casos de abusos sexuales y malos tratos a menores de edad, que llegó a Guatemala luego de escapar de Canadá, Estados Unidos y México para no ser objeto de investigación por la comisión de ese tipo de delitos. Decimos que es un penoso caso porque mediante la manipulación religiosa los miembros de la secta establecieron pleno control, físico y mental, de cientos de personas que desde su niñez fueron adoctrinados de manea que se sometieran a los caprichos de los dirigentes de la secta.
En Guatemala la primera denuncia contra la secta fue presentada el 13 de octubre de 2018, es decir hace más de siete años, a lo que se sumaron otras que no lograron avanzar en el Ministerio Público, pese la evidencia internacional sobre lo que hacía ese culto, fundado en los años 80 del siglo pasado, convirtiéndose en una especie de nómadas porque huyó de Israel por investigaciones sobre maltrato infantil, abuso sexual, tráfico de personas y matrimonios forzados, prácticas en las que son adoctrinados los miembros.
El año pasado, en el mes de noviembre, cuatro menores lograron escapar de la finca donde se estableció la secta y denunciaron ante la Procuraduría General de la Nación lo que estaba ocurriendo con ellos y otros menores de edad. Ya antes Canadá había hecho una denuncia que el Ministerio de Relaciones Exteriores trasladó al MP, sobre el tipo de crímenes que se cometía con niños y adolescentes como parte del rito inculcado a los “fieles”. En total, además de la del 2018, fueron hechas cuatro más en el 2019 y otra en el 2021, que fueron asignadas a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, pero no hubo avance ni se concretó el allanamiento ofrecido en varias mesas técnicas.
Fue hasta esa fuga de cuatro menores que un juez ordenó investigaciones serias y el caso fue asignado a la Fiscalía contra la Trata de Personas, a cargo de Juan Francisco Reyes, quien actuó con rapidez y eficiencia para realizar, el 20 de diciembre, el allanamiento que tanto había ofrecido el Ministerio Público. Se logró el rescate de 160 menores que ahora se encuentran bajo protección de la PGN, en una situación conflictiva porque varios de ellos siguen las instrucciones de los mayores de la secta.
Este penoso caso hace pensar en lo que se pudo evitar si desde el 2018 se hubiera procedido como se necesitaba, no digamos con cada una de las posteriores denuncias. Cuántas violaciones, abusos y diabólico adoctrinamiento se hubieran evitado si, oportunamente, se hubiera allanado la finca, pero fue hasta que otro fiscal, éste sí responsable, tuvo conocimiento de los hechos y con ello se logró liberar a esos menores, lo que muestra la importancia de disponer, en verdad y sin mentiras, de un MP Firme y Fuerte.
Ahora el sistema de justicia queda a prueba y debe responderle a las víctimas.
