El avance mayor que tuvo la mafia en el control del Estado está, básicamente, en el tema de la administración de justicia que no solo les permite perseguir a quienes les resultan molestos sino que, sobre todas las cosas, maniobrar para asegurar impunidad a los mayores responsables del descalabro causado por la corrupción. Para empezar el año confirmando que nada cambia, los casos de Roxana Baldetti y el de posible defraudación tributaria denominado B410, son ejemplos patéticos de cómo operan quienes están llamados a aplicar la ley correctamente y con estricto sentido de justicia.
Estaba previsto que la audiencia para decidir si el caso Cooptación del Estado se realizara el día 9 de enero de este año, cuando vuelve de vacaciones el juez Manolo López, pero Baldetti movió pitas y logró que la audiencia sea el próximo lunes 6 de enero bajo la conducción de la jueza Abelina Cruz, quien ha ocupado especial espacio noticioso últimamente tras la reunión ilegal que sostuvo con una fiscal del Ministerio Público.
La urgencia de Baldetti para lograr que sea esa juzgadora quien resuelve su caso, antes de que vuelva el titular del juzgado que ha llevado la causa por mucho tiempo, hace pensar que la exvicepresidenta confía en la “bondad” de Abelina Cruz y por ello necesita que sea ella quien dirija la audiencia para decidir finalmente sobre el proceso. Obviamente es una de esas circunstancias en las que se puede aplicar al pie de la letra la expresión popular de “piensa mal y acertarás” porque no hay manera de entender la prisa para adelantar tres días la audiencia si no es porque, a Baldetti, Abelina Cruz le parece más de fiar.
El otro caso, el B410, es importante porque el Ministerio Público centró todas sus baterías en el notario que compareció como accionista en la creación de varias de las sociedades señaladas por la SAT en el tema de defraudación fiscal. En efecto, David Barrera fue el accionista en la conformación de ellas y el MP lo acusa de haberlas vendido posteriormente, pero la Superintendencia no lo señaló a él como el evasor de impuestos sino a quienes dirigían las sociedades, es decir que los delincuentes serían quienes las compraron para usarlas en un posible esquema de evasión fiscal.
La gran pregunta que no investiga el MP es quién era la mente maestra detrás de todo.
El caso B410 implica a varias sociedades cuyos propietarios no solo pudieron evadir impuestos sino se beneficiaron con negocios realizados con el Estado en la época en la que nada pasaba sin el visto bueno de la pareja Giammattei-Martínez y ahora resulta que atrás de esa escandalosa situación no hay nadie implicado porque según el Ministerio Público, el único culpable de todo fue el notario que constituyó las sociedades como accionista, situación que hace pensar en cómo se quiere desviar la atención para no investigar a los contratistas y, mucho menos, averiguar si algún Miguelito estaba atrás de toda la operación.
Los dos primeros días del año 2025 sirven para confirmar el manoseo de la justicia que, repetimos, es el peor de los males que padecemos los guatemaltecos.
