La esperanza es lo último que se pierde y por ello cerramos este año 2024 con la idea de que el año 2025 sea mejor y empecemos a dar pasos en la dirección correcta para la transformación del país que fue ordenada categóricamente por la ciudadanía al ejercer el sufragio y elegir a un candidato al que vio como libre de vínculos con las mafias políticas. Este año empezó con la incertidumbre provocada por las acciones frontales para descarrilar la democracia e impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y desde el 14 de enero hasta el día de hoy los operadores de la corrupción no solo gozan de impunidad, sino que siguen maniobrando para mantener ese lucrativo sistema que les generó tanta riqueza.

Desafortunadamente, esa avalancha de votos para cambiar las cosas en el país no tuvo en este año el resultado esperado; en parte por la tenacidad de quienes necesitan mantener un sistema basado en el control de las instituciones, sobre todo del sistema de justicia, para evitar castigos y seguir sacando provecho, pero también porque ese el resultado electoral sorprendió a muchos, incluyendo a Arévalo y su gente. Vemos como algo positivo que quienes dirigen muchas instituciones no son parte de las mafias, pero no han podido salir de todos los largos que se aseguran inamovilidad en sus cargos.

Como avance puede pensarse que la Presidencia de la República no es ahora un reducto de la corrupción pero, por supuesto, ello no significa que el vicio termine y deje de causarle tremendo daño a la población del país. Obviamente, es sano y positivo el cambio en la jefatura de Estado, pero sin una estrategia clara y definida para enderezar el rumbo, empezando por el sistema de justicia y la ejecución del dinero, muy poco es lo que se puede esperar.

Los pactos en el Congreso siguen dándose con la misma mentalidad del pasado, repartiendo el dinero público usando a los llamados Consejos de Desarrollo para que gasten -porque eso no es inversión- dentro del esquema de mordidas y comisiones que hacen que inmensas cantidades del dinero público termine llenando maletas de políticos y contratistas que buscan mecanismos para lavarlo. En el primer año no hubo ningún esfuerzo por reformar el modelo de tales Consejos de Desarrollo para hacerlos de verdad un instrumento de la participación ciudadana y pese a ello el oficialismo y Samuel Pérez negociaron el presupuesto repartiendo miles de millones por esa vía.

Y así como la esperanza es lo último que se pierde, hay que recordar que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ojalá que reflexionando sobre lo ocurrido este año, se pueda cambiar el rumbo y emprender lo que el pueblo demandó y sigue esperando.

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