Estamos por terminar el año 2024 y habrá que ir haciendo balances de lo que se logró o se dejó de hacer luego del contundente mensaje que los ciudadanos dieron en las urnas, emitiendo un mandato dirigido absolutamente en contra del modelo de corrupción e impunidad que se fue afianzando a lo largo de muchos años. Todos los Organismos y las instituciones públicas han sido seriamente contaminados por los mafiosos procedimientos que antepusieron el interés de los negocios al interés nacional con la promoción de un consistente desarrollo humano que permita avanzar, satisfaciendo las necesidades de la gente.
Para emprender una nueva ruta obviamente el Congreso se convierte en pieza esencial porque sin legislación es imposible establecer mecanismos idóneos de fiscalización para evitar los malos manejos y tampoco se puede enderezar el sistema de justicia sin que se emitan leyes que promuevan mecanismos transparentes de elección de magistrados. No digamos el tema del Ministerio Público (MP) que fue visto por las mafias como un esencial pivote para el tema de la impunidad, como se pude ver con la cantidad de días que han transcurrido desde el cambio de gobierno sin que avance la menor investigación sobre negocios realizados por Giammattei o su pareja.
Ahora el diputado Samuel Pérez habla de un antes y después en el Congreso de la República, pero la sensación ciudadana es que hemos sido testigos de nuevos pactos que se tradujeron no solo en el aumento de sueldo de los diputados, su indemnización y las multimillonarias asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo, sino en el abandono de los asuntos vitales. Se han aprobado varias leyes que se pueden considerar beneficiosas, pero en el tema de fondo, el de la reforma a la Ley de la Contraloría para que se deba fiscalizar cada paso que se da en las compras y contrataciones sin esperar al final de los procesos para indagar y en lo relacionado con la justicia, no hemos logrado realmente mucho.
La última elección por este Congreso de Magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia fue manejada por los mismos operadores de siempre y el resultado, lógicamente, es el mismo de siempre, es decir que el aparato sigue operando para dar impunidad a los largos y para castigar a los que resultan molestos para un sistema que no está dispuesto a ceder espacios.
Si entendemos la democracia estamos obligados a reconocer el significado del mandato popular; la razón esencial para elegir al actual gobierno fue que los ciudadanos lo percibieron como la única opción ajena a los grupos de poder que hicieron contubernio para enriquecerse mediante trinquetes burdos y groseros. En ese sentido fue que la gente manifestó y fue a la calle para defender su voto cuando desde el MP se montó el intento de golpe. No entender eso es cínico e irresponsable para el país, para las oportunidades y para el Estado de Derecho.