Estamos a pocos días de cumplir el primer año del gobierno que fue electo en el 2023 con un clarísimo e irrefutable mandato empujado por el hartazgo y con la intención de enfrentar la corrupción y enderezar el rumbo del país. Lamentablemente el mandato no solo fue objeto de los ataques de los grupos que pretenden mantener el estado actual de las cosas para robarse el dinero en paz, sobre todo en la impunidad, sino fue ignorado por el partido Semilla, su Jefe de Bancada y el gobernante.
Lejos de promover reformas legales que permitieran fortalecer el Estado de Derecho, que nos ayudaran a comprar y adjudicar con más transparencia (incluso en emergencia), a fiscalizar mejor y antes del robo, a enfrentar el tema de las medicinas, del IGSS, a forzar seguir la ruta de los dineros robados, entre muchos otros, se concretó un pacto en el Congreso de la República que va mucho más allá del aumento de sueldo de los diputados y la famosa indemnización que se habían recetado los parlamentarios y que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto por un Amparo Provisional. Y es que el tema de los fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo -Codedes- fue siempre el meollo de los arreglos que se hacían en el Congreso para comprar a los diputados y ahora, con toda desfachatez, se aumentó considerablemente la cantidad asignada para ese rubro, únicamente a cambio de un decreto de dudosa eficacia para proteger a Semilla como entidad de Derecho Público.
Esto ha provocado que diputados, a los que la misma bancada de Semilla y su jefe idolatran, se dispongan a hacer “factoraje” con las obras comprando con descuento los derechos asignados a cada territorio y a cada diputado. Se generaron todos los incentivos, en extremada demasía de millones, para que nada cambie porque al fin y al cabo, a muchos de los congresistas de Semilla les gustaron las juntas, donde se acceden a millones a los que pueden tener injerencia. Tuvieron el poder para “aceitar” el sistema a cambio de forzar los cambios que se les demandaron, pero no quisieron. El peor escenario era quedarse con el Presupuesto del 2024 ya ampliado.
Conseguir gobernabilidad conllevaba lograr los cambios que el país demanda y en este segundo año, es difícil más no imposible lograr la ruta de transformación porque son muchos los millones en juego que provocan el deseo que nada cambie, pues al fin y al cabo todos los diputados que entraron a la fiesta de los Codedes, sin condiciones de “gasto”, se quieren hacer de sus millones en paz. Hasta los que atacaron la democracia tienen su fiesta de millones al tiempo que quedaron “bien” con el Ministerio Público (MP).
Hemos criticado durante años esos arreglos que se hacían para repartir fondos del Presupuesto General de la Nación entre diputados que no simplemente se hacían de la vista gorda ante la corrupción, sino que eran parte esencial de la jugada que permitía mantener un sistema de justicia cooptado para que sirviera a los intereses de impunidad.
Contra todo eso votó y apoyó el guatemalteco en las elecciones del año pasado en las que se cuestionó la democracia misma, confiando en que ese sufragio sería el parteaguas del destino nacional que se ha visto seriamente comprometido por el mal uso que se hace de los recursos públicos. Pero resulta que en los pactos que se hicieron esta vez en el Congreso no se tomó en cuenta esa condición lamentable que ha hundido al país como consecuencia de la pérdida del objetivo esencial del Estado, que es promover el bien común y ocuparse para impulsar el desarrollo humano de los guatemaltecos.
Tanto el Presidente Arévalo como otros funcionarios del Ejecutivo han elogiado la forma en que se aprobó el presupuesto, pero no dicen ni hacen mayor cosa para garantizar la máxima transparencia en su ejecución porque eso habría implicado cambios en la matriz legal y nadie presentó nada. Las mafias siguen activas, haciendo de las suyas, invitando a almuerzos y sabrosos mezcales a los jóvenes que actúan con alma de viejos políticos y ahora con muchos más recursos de los que tuvieron aún en el gobierno de Giammattei, en el que el despilfarro fue administrado por el Jefe de Jefes.
Nos acercamos al Día de los Inocentes y ese papel parece que fue el jugado por los electores que confiaron en la contundencia de su mandato y que hasta hoy, se han visto ignorados.
El Presidente Arévalo tiene que decidir si quiere ceder a los berrinches y caprichos de quien se empieza a perfilar como el nuevo Miguelito, es decir, aquel que pone todo el aparato del Estado a intentar satisfacer nada más que sus deseos.
