Esta mañana el Presidente Bernardo Arévalo hizo un recuento de los logros alcanzados durante los primeros once meses de su gobierno señalando específicamente los temas de salud, educación y economía, haciendo recuento de los avances alcanzados en esas importantes áreas de la vida social. Sin embargo, es preciso decir que el logro más importante sigue pendiente porque el gobernante fue electo con el claro y preciso mandato de combatir la corrupción y la manipulación de la justicia para favorecer a los que roban el dinero del erario público.
Nadie puede poner en duda cuál fue la intención de los ciudadanos que dieron su voto en forma masiva a favor del partido que postuló al actual Presidente para investirlo, en la segunda vuelta, como el nuevo gobernante del país con el claro y definido compromiso de emprender el cambio que la sociedad reclama. Y es que durante mucho tiempo el aparato público se fue prostituyendo hasta alcanzar niveles realmente alarmantes que impiden totalmente la ejecución de programas en beneficio de la población porque quienes toman las decisiones lo hacen pensando en la comisión o mordida y no en las necesidades de los guatemaltecos.
Ciertamente el gran valladar ha estado en la incapacidad para restablecer un sistema de justicia coherente que cumple con su deber de sancionar a los operarios de la corrupción y todos sabíamos desde antes de la investidura que sería una batalla titánica enfrentar a ese monstruo de mil cabezas que se ha ido adueñando de toda la institucionalidad. Y pieza clave en todo ello es el régimen de impunidad en el que son cómplices tanto quienes juzgan y aplican la ley como quienes investigan y tienen la obligación de iniciar los procesos contra todos aquellos que participan en ese jugoso festín.
La población mostró, desde antes de la toma de posesión de Arévalo, firmeza para rechazar las maniobras que se impulsaron para descarrilar nuestra democracia y anular ese mandato popular tan directo. Días enteros de plantón frente al Ministerio Público fueron una muestra clara de que la ciudadanía sabía lo que estaba ocurriendo y el riesgo que existía de un manotazo contra el orden constitucional.
Poco a poco la población ha ido perdiendo la esperanza y la ilusión que hubo en enero de este año ha mermado casi totalmente; por ello hablamos hoy de la necesidad de volver a enfocarse en el principal logro que la población encomendó a este gobierno y que puede ser la clave para garantizar otros avances en todas las áreas en las que se requiere una clara participación del Estado. Sin acabar con la corrupción y la impunidad es difícil hablar de verdaderos logros.
Y es vital manifestar que enfrentar la corrupción y la manipulación de la justicia no depende del Ejecutivo exclusivamente, pero ese mismo poder tiene iniciativa de ley y el peso de la Presidencia para provocar debates y diálogos que abran al paso a potenciales acuerdos que permitan cumplir el mandato expresado en las urnas.
Con corrupción impune no le abrimos las puertas a las oportunidades, ni a las inversiones que harán dar a Guatemala saltos de calidad y ofrecer mejores calidades a sus ciudadanos.
