La Contraloría de Cuentas está auditando una contratación realizada por la Empresa Portuaria Quetzal para la adquisición de equipo de videovigilancia, para tener mejor control de las operaciones, misma que fue concretada mediante 91 compras directas, de Q74 mil 480 cada una, que en total llegaron a superar la cifra de 6 millones de quetzales. La portuaria justificó el fraccionamiento por la necesidad de disponer de ese mecanismo y el hecho de que una licitación, que había sido convocada previamente, fue declarada desierta porque ninguna de las dos empresas que participaron cumplió con los requisitos.
El uso de compras fraccionadas para evadir el proceso de licitación es una vieja costumbre que se ha dado en diferentes entidades públicas dentro de las prácticas que pretenden evadir la necesaria fiscalización. Cierto que las licitaciones no son de ninguna manera garantía de transparencia, pero obviamente toman más tiempo por los requisitos que deben llenar los oferentes, mientras que en la compra directa no se requiere mucho trámite.
Creemos que las autoridades designadas tienen que reafirmar el compromiso de actuar con mayor transparencia porque están allí como consecuencia de un claro y específico mandato popular que se orientó hacia la lucha contra los negocios del pasado. Y si bien se entiende la necesidad de disponer de medios de vigilancia para evitar vicios en el puerto estatal del Pacífico, era importante que con celeridad se abriera otro proceso de licitación a efecto de garantizar la seguridad de las operaciones.
Las operaciones portuarias son vitales como para andar en fraccionamientos y eso también abra la necesidad de tener una ley que permita compras más ágiles, pero transparentes.
Hemos estado insistiendo en que las funciones de la Contraloría de Cuentas tienen que ir más allá de la revisión posterior que se hace a las contrataciones del Estado y que debiera legislarse para darle facultades para acompañar los procesos y verificar que en todos ellos se vayan cumpliendo las normas que se establecen en la Ley de Compras y Contrataciones. Y sentimos que recurrir a las compras fraccionadas simplemente para evadir los requisitos de una licitación pública es un pésimo ejemplo de cómo las cosas siguen realizándose jugando la vuelta a normas elementales.
En todos los casos anteriores siempre se argumentaban urgencias y dificultades para llenar todos esos requisitos y sabemos que en la casi totalidad de los casos se lograba realizar negociaciones a dedo para favorecer a determinados proveedores con los que ya se había realizado algún pacto o arreglo. Y eso tiene que terminar porque Guatemala tiene que salir del atolladero en que nos han metido y que se refleja en muchos años de negocios turbios que se hacían, básicamente, para beneficios personales y no para atender las necesidades de la gente o de las instituciones.
