Ayer el Presidente Bernardo Arévalo firmó una iniciativa de ley para forzar la protección de las personas que denuncian actos de corrupción, enmarcándola en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, iniciativa que, tristemente, en Guatemala tiene verdadero carácter de urgencia, luego de observar lo que ha pasado en situaciones como la del Superintendente de la SAT. En efecto, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria presentó recientemente el caso B-410 que involucra a muchas empresas que han realizado jugosos negocios con el Estado y que ni siquiera pagaban los impuestos correspondientes.
En vez de proceder por el delito de evasión fiscal contra los contratistas y quienes los dirigieron en el Gobierno pasado, la reacción del Ministerio Público y la FECI fue ir tras quien hizo la denuncia y las oficinas de la empresa de auditores, hermanos del titular de la SAT, fueron rápidamente allanadas con una velocidad y diligencia que ya quisiera el guatemalteco ver ante los casos de corrupción del gobierno anterior. Pero resulta que la reacción fue, precisamente, porque varias de las empresas tenían estrecha relación con el Jefe de Jefes y eso fue más que suficiente para provocar una urgencia que a los ciudadanos ya no causa la menor sorpresa porque sabemos exactamente qué papel juegan muchos de los actores del sistema de justicia.
Es ya públicamente reconocido que la justicia en Guatemala opera para garantizar impunidad absoluta a los que incurren en actos de corrupción y se comprueba con los casos que, uno tras otro, se van cerrando con la absolución de los sindicados que pueden gozar del dinero mal habido. En cambio, quien tenga la osadía de hacer señalamientos contra quienes son los verdaderos articuladores del gran pacto, deben atenerse a las consecuencias porque, allí sí, el MP cumple con su lema de Fuerte y Firme.
Hemos sostenido que todo se debe investigar y que todos debemos rendir cuentas, principalmente los funcionarios públicos, pero a la vista de las pruebas o indicios, más se siente una protección a los autores intelectuales que un deseo de investigar y buscar justicia pronta y cumplida.
El problema es grave porque siempre se ha dicho que quien nada debe nada teme, pero eso es cuando hay una verdadera justicia en la que se valoran pruebas y los jueces resuelven con absoluto apego a la ley, sin haber tenido reuniones privadas con fiscales que les llegan a indicar cómo tienen que resolver en cada uno de los casos que son debidamente asignados a juzgadores debidamente apalabrados que no vacilan en dictar órdenes de prisión y hasta condenas de cárcel, en contra de los que critican esa forma en que se comportan los operadores de aquello que, como cruel paradoja, siguen llamando justicia.
Falta ver si esa iniciativa cobra vuelo en el Congreso, primero, donde hay muchos que operan, gustosos o amenazados, al son que les tocan desde Gerona, Y aún si fuera aprobada, ya sabemos que, con o sin ley, seguirán haciendo lo que les da la gana porque es obvio que aquí el derecho y la justicia hace rato que se lo pasaron por el arco del triunfo.
Es por ello que hemos insistido en la necesidad de acuerdos entre la sociedad para fortalecer la institucionalidad y dar un giro distinto al país.
