En su cuenta oficial de redes sociales el Ministerio Público se identifica como MPfuerteYfirme, detalle que viene a cuento ahora que se sabe que el ente encargado de la investigación criminal muestra su fuerza y firmeza para dirigir las baterías de la institución en contra del Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz Reyes, luego de que se publicó el caso B410 de posible defraudación tributaria. Y es que ese giro en la investigación confirma que no solo no investigan ningún acto de corrupción con posible vinculación de Miguel Martínez y Alejandro Giammattei, sino que aplica toda la energía para ir contra cualquiera que se atreva a denunciar situaciones que puedan involucrar a esa pareja sentimental.
Según lo que ha trascendido, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, recibió una “denuncia anónima” en la que se afirmaba que la firma de auditores en la que trabajó Díaz Reyes y que ahora dirigen parientes suyos, estaría ofreciendo “asesoría” a las empresas que fueron denunciadas por la SAT, lo que recuerda que todo el caso contra las elecciones del año pasado y contra Semilla resultaron también de otra “denuncia anónima”, según lo que declaró el jefe de la FECI en su momento.
Obviamente en este país se han visto muertos acarrear basura en el tema de la corrupción y ello obliga a realizar investigaciones serias en todo lo que pueda oler a defraudación del Estado y las actuaciones de los funcionarios públicos. En La Hora siempre hemos dicho que todo debe ser investigado y las acusaciones probadas, pero vuelve a llamar la atención la diferencia de prioridades porque resulta que muchas de las empresas que, además de recibir jugosos contratos del Estado tenían vínculos con Miguel Martínez no son investigadas mientras van tras quien denunció a esas entidades por posible evasión fiscal.
Como se puede comprobar con la nota hoy publicada, respecto a la nueva investigación del MP, hay abundantes indicios de ese vínculo con varias de las entidades que fueron expuestas públicamente por la SAT, evidenciando que no solo se aprovechaban de los recursos públicos sino que ni siquiera pagaban impuestos por la extraordinaria ganancia obtenida gracias a cuestionables relaciones con quien se autocalificó como Jefe de Jefes. Por eso es que son necesarios procesos llevados con el apego a la ley y el debido proceso, sin ese sesgo que tiene el MP por la pareja del expresidente.
Si se mostrará al menos un diez por ciento de la diligencia e interés que muestra el Ministerio Público en casos contra quienes denuncian o no se prestan a anular las elecciones, para investigar la muy conocida corrupción del gobierno pasado, seguramente que estaríamos en una situación distinta. Pero como la firmeza y la fuerza es, sobre todas las cosas, para garantizar impunidad a quien se refirió en términos ofensivos y despectivos a la Fiscal General y al jefe de la FECI.
