Dentro de las decisiones del Congreso al aprobar el Presupuesto General de la Nación está el aumento de sueldo para los diputados, lo que ha provocado las mayores críticas y reacciones ciudadanas. Pero como si ello no hubiera sido suficiente, además los “representantes del pueblo” se recetaron una indemnización que debería ser pagada cuanto termine el período para el que fueron electos, con lo que pretenden imitar a otros funcionarios que ya reciben ese beneficio aunque esté totalmente fuera de la lógica de nuestro sistema jurídico.
En Guatemala no existe la indemnización universal sino únicamente corresponde en casos de despido injustificado, compensación que otorga un mes de salario por cada año de servicio. En otras palabras, el requisito esencial para la indemnización es el despido injustificado y los funcionarios que fueron electos o nombrados para un período específico no pueden reclamar ese derecho de acuerdo con nuestra legislación. En donde existe la indemnización universal ese pago se hace a cualquier persona cuando termine una relación de trabajo, sin que importe la razón del cese, pero el concepto no se aplica a los que fueron contratados por un período determinado.
Los electores “contratan” a los diputados para que desempeñen su cargo por cuatro años y quienes se postulan para ser miembros del Congreso lo hacen sabiendo que el mandato tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, no corresponde ni procede reclamar una indemnización, mucho menos recetársela abusando de la potestad que tienen para determinar el Presupuesto de la Nación. Creemos que los funcionarios públicos deben ganar bien para atraer talento y alejarlos de la corrupción, pero la discusión debe ser abierta y sin indemnización porque no aplica.
Magistrados, del sistema de Justicia así como los de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, se han beneficiado con una disposición adoptada por ellos mismos para recibir una indemnización cuando termina su período. Objetivamente la indemnización es la reparación por un daño causado, pero qué daño puede haber cuando el mandato de un funcionario llega a su fin. Todos asumieron sus cargos sabiendo que era por un período claro y determinado por la misma ley, razón por la cual la indemnización es un abuso que debe ser eliminado. Desde hace años y varias magistraturas la Corte de Constitucionalidad (CC) lo estableció para sus magistrados y por ende será interesante el trato que le den a los recursos que se presenten al respecto.
El rechazo de la población al aumento de sueldo de los diputados se explica por el desprestigio que carcome a las instituciones en el país que se ocupan más del beneficio personal que de la promoción del bien común. El Congreso ha sido centro de negocios para la mayoría que ha llegado, como aquel Centro de Gobierno, y por eso el repudio ciudadano al aumento de sueldo, pero el rechazo a la indemnización tiene que ser contundente porque este no es el cambio que esperan los guatemaltecos.
