Esta mañana el Ministro de Finanzas Públicas, en conferencia de prensa, dijo que el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso es consecuencia del mandato del pueblo porque se asignan recursos para promover mayor desarrollo que beneficie a todos los habitantes del país. Creemos fundamental entender cuál fue ese mandato del pueblo, pues es obvio que hay diferencias profundas de criterio respecto al sentido del voto masivo de millones de guatemaltecos en las elecciones del año pasado.
El triunfo de Bernardo Arévalo fue consecuencia del hartazgo de los guatemaltecos ante los desmanes en el uso y abuso de los recursos públicos que eran masivamente embolsados o enmaletados para beneficio de funcionarios y sus socios contratistas o proveedores del Estado. Por supuesto que en última instancia el ciudadano pretendía, votando así, que el dinero público fuera destinado a promover mejores condiciones de vida y mayores oportunidades, entendiendo que ello únicamente era posible si se terminaba con la corrupción tan generalizada pero, peor aún, estimulada por la impunidad garantizada a todos los ladrones.
Al día de hoy tenemos un presupuesto muy jugoso para los Consejos de Desarrollo que controlan muchos diputados tras haberse repetido las prácticas de antaño en cuanto a las negociaciones para lograr las mayorías en el Congreso de la República. Pero esas negociaciones no fueron, en absoluto, para implementar medidas orientadas a terminar con la impunidad que alientan instituciones que simplemente entierran las denuncias contra los más ladrones del país. Tampoco disponemos de una Contraloría de Cuentas que pueda realizar trabajo preventivo pues su fiscalización es, por mandato legal, a posteriori, es decir para diz que revisar las cosas cuando ya se robaron el dinero.
Es bueno que desde el gobierno hablen del mandato del pueblo, pero es necesario entenderlo a cabalidad para que pueda ser el eje inspirador de las políticas públicas, para que se responda acorde a lo que necesita el país y lo que espera la gente que quiere un cambio. Si preguntáramos a los electores que votaron por Bernardo Arévalo su sensación luego de ver en el Congreso la implementación de viejas mañas, la respuesta sería totalmente obvia. Ciertamente no hubo en esta ocasión la distribución de abultados fajos de billetes, como se hacía desde el Búnker construido en el Palacio Legislativo para funcionar como caleta, pero los millones asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo jugaron ese mismo papel.
¿Por qué ese acuerdo entre mucho más de las dos terceras partes de diputados no sirvió para emprender el camino de enderezar nuestro sistema de justicia y acabar con la impunidad mediante leyes concretas y directas que allanen ese camino? Si en el Congreso la vía para acuerdos es salpicar con el dinero del Presupuesto, ¿por qué no se negoció de una vez para disponer de leyes que permitan acabar con los garantes de la impunidad y reencauzar el país? Eso hubiera justificado esos “acuerdos” suscritos, por desagradable que sea la práctica.
