En una maratónica jornada el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2025, resultado que se hizo posible por los acuerdos alcanzados alrededor de la asignación de 5 mil millones de quetzales para los Consejos de Desarrollo, repitiendo las prácticas de años anteriores cuando esas asignaciones servían para conseguir acuerdos. No cabe duda que es un logro para el gobierno haber alcanzado los votos suficientes para que les aprobaran al Presupuesto elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas, pero de lamentar que esa mayoría no haya servido para aprobar normas que aseguren el combate a la corrupción ordenado por los ciudadanos en las urnas.
Aspectos fundamentales como una reforma a la ley de la Contraloría General de Cuentas para darle facultades preventivas, o reformas a la ley del Ministerio Público para terminar con la complaciente impunidad alentadora de la corrupción no fueron siquiera objeto de consideración y el pleno de diputados no tuvo ninguna propuesta para alcanzar objetivos clave para iniciar la transformación del país. Sin una Contraloría en constante vigilancia de las compras y contrataciones del Estado, ni un Ministerio Público comprometido con la investigación de los robos que se hacen al erario público, la aprobación de este presupuesto tendrá efectos negativos.
Y es que esos cinco mil millones de quetzales asignados a los Consejos de Desarrollo serán, fundamentalmente, el pago a los diputados que terminaron “convencidos” de dar su voto gracias a la forma y cantidad de esos aportes que históricamente han sido la clave para alcanzar acuerdos en nuestro Congreso de la República. En otras palabras, lejos de haber aprovechado la mayoría para plantear las reformas estructurales que ayudarían a combatir la corrupción, se volvió a repartir dinero que, como siempre, será gastado para beneficios personales y no para promover el desarrollo humano y el bien común en la sociedad.
Es obvio que habiendo sido integrado el Congreso con muchísimos de los diputados que saben cómo se mueve la melcocha el oficialismo se iba a ver obligado a negociar con ellos en las formas ya tradicionales porque, de lo contrario, no lograrían ni siquiera aprobar el Presupuesto General de la Nación. Pero ya que se había acordado esa repartición de panes, por lo menos debió incluirse en el arreglo la aprobación de leyes que permitieran ejecutar el mandato que dio el pueblo en las elecciones del año pasado, es decir, el combate a todas las formas de corrupción.
Y ahora, sin fiscalización de la Contraloría ni investigación del Ministerio Público, el logro es únicamente agrandar la piñata.
