Teóricamente vivimos en una economía de mercado y en ese contexto la libre competencia se convierte en un factor esencial para la determinación del valor de los bienes y servicios que demanda la población. En la práctica ese factor, el de la libre competencia, no ha existido en todos los casos en el medio, sea porque hay acuerdos entre productores y/o vendedores de ciertos productos o simplemente por la ausencia de facultad de las autoridades para asegurar que los precios sean realmente determinados por la oferta y la demanda, desorden que alienta al encarecimiento no justificado de algunos productos.
El otro gran factor hasta más importante y crucial es el de las sucias componendas entre proveedores de ciertos productos o servicios con funcionarios públicos porque ya sabemos que mientras más corrupción hay, aumentan los acuerdos para encarecerlos toda vez que en tanto más alto sea el precio, mucho mayor puede ser la mordida que beneficia a la autoridad que decide. Obviamente, mientras más se cobre también el proveedor se asegura más ganancia.
Las medicinas son uno de los ejemplos más patéticos porque para justificar el alto precio en que compran las entidades del Estado, los precios a los particulares también se elevan artificialmente para “justificar” los excesos que paga el sector público. Y en las farmacias, el usuario común y corriente termina pagando un sobreprecio determinado por ese interés que hay para hacer sucios negocios con productos vitales como son los medicamentos.
Todo ello complicaba la aprobación de una Ley de Competencia, cosa que se logró ayer mediante negociaciones entre los diputados del oficialismo, que operan como independientes por decisión de un juez a pedido del Ministerio Público (MP), y otros congresistas que en los últimos días han estado integrados en una nueva alianza cuyas causas y objetivos aún quedan por verse, pero en el que el Presupuesto 2025 juega un rol que amerita fiscalización futura.
Un terrible axioma jurídico es que “hecha la ley, hecha la trampa” y en este caso es fundamental que estemos atentos para impedir que los grupos que se benefician de las debilidades estructurales de nuestro mercado o aquellos que mediante el chantaje a empresas, impidan la correcta implementación de la ley recién aprobada, para lo cual pueden mover pitas en varias instancias a fin de hacerla inútil e inservible o una herramienta de coacción sin defensa, como ha pasado con tantas otras leyes llenas de buenas intenciones que jamás terminan de ser implementadas tal y como los legisladores pretendían o usadas en contra del espíritu de lo que se quiso legislar.
Nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca el tema del precio de las medicinas y ello podrá ser un indicador de si realmente la nueva ley está rindiendo parte de sus frutos porque veremos cómo se mueven las aguas para mantener las jugosas ganancias que genera ese mercado en el que prevalecen muchos intereses.
Cómo se manejen a partir de la aprobación de la ley los posibles acuerdos para fijar precios o el reparto de mercados, segmentos y/o clientes será algo que debemos vigilar.
