En Guatemala toda la institucionalidad ha sido afectada por la tremenda corrupción que se ha arraigado en todas las instancias, al punto de que no se mueve la hoja del árbol sin que salga a relucir la mordida que es el eje y motor de las decisiones que se toman. Por la cantidad de dinero que tiene asignada y la forma en que durante años se fue corrompiendo la contratación de las obras, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es posiblemente la pieza más atractiva para quienes se enriquecen con el dinero público y no hay mejor muestra que las maletas encontradas al ahora “exonerado de culpa”, José Luis Benito.
La renuncia ayer del Ministro Félix Alvarado y sus viceministros ocurre apenas seis meses después de haber sido nombrado tras la destitución de la ministra Jazmín de la Vega, evidenciando las dificultades que encuentra el gobierno de Bernardo Arévalo para encontrar el equipo idóneo para entrarle a tamaño monstruo. La gestión de ambos ministros queda marcada más por el deterioro de la red vial, resultado de los amaños del pasado que pasan factura a la actual administración, pero también evidencia la falta de una estrategia clara para emprender el saneamiento de la administración pública.
Cierto es que no se dispone de la indispensable contribución del sistema de justicia para sentar precedentes que fortalezcan la lucha contra la corrupción, pero administrativamente tampoco se observa una estrategia clara para empezar por una gráfica descripción de lo que encontraron en cada uno de los ministerios y lo que ello significa como obstáculo para enderezar el rumbo. Todas las dependencias tienen que pagar lo pactado bajo acuerdos producto de mordidas y, de no hacerlo, no falta quien ordene hacer el pago tras la presentación de algún amparo que debe ser conocido por nuestro sistema de justicia.
A menos de dos meses de cumplir el primer año de gobierno es indispensable que el gobierno haga un alto en el camino para plantear alguna estrategia porque al día de hoy no se ve que exista algún plan serio y concreto para manejar el inmenso problema que representa el saqueo de los fondos públicos. A falta de esa estrategia seguimos capturados por las mafias que tienen sus tentáculos en todo el sector público y combatir los vicios se vuelve mucho más difícil, y quizá hasta imposible, sin una ordenada y bien ejecutada política definida desde la misma Presidencia.
Nombrar un nuevo ministro para que trabaje bajo las mismas circunstancias es inútil porque hace falta una clara dirección que debe ser el punto de partida para cualquier nombramiento y por ello planteamos que la Presidencia tiene que jugar un papel distinto en la conducción de la lucha contra la corrupción.
En Guatemala toda la institucionalidad ha sido afectada por la tremenda corrupción que se ha arraigado en todas las instancias, al punto de que no se mueve la hoja del árbol sin que salga a relucir la mordida que es el eje y motor de las decisiones que se toman. Por la cantidad de dinero que tiene asignada y la forma en que durante años se fue corrompiendo la contratación de las obras, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es posiblemente la pieza más atractiva para quienes se enriquecen con el dinero público y no hay mejor muestra que las maletas encontradas al ahora “exonerado de culpa”, José Luis Benito.
La renuncia ayer del Ministro Félix Alvarado y sus viceministros ocurre apenas seis meses después de haber sido nombrado tras la destitución de la ministra Jazmín de la Vega, evidenciando las dificultades que encuentra el gobierno de Bernardo Arévalo para encontrar el equipo idóneo para entrarle a tamaño monstruo. La gestión de ambos ministros queda marcada más por el deterioro de la red vial, resultado de los amaños del pasado que pasan factura a la actual administración, pero también evidencia la falta de una estrategia clara para emprender el saneamiento de la administración pública.
Cierto es que no se dispone de la indispensable contribución del sistema de justicia para sentar precedentes que fortalezcan la lucha contra la corrupción, pero administrativamente tampoco se observa una estrategia clara para empezar por una gráfica descripción de lo que encontraron en cada uno de los ministerios y lo que ello significa como obstáculo para enderezar el rumbo. Todas las dependencias tienen que pagar lo pactado bajo acuerdos producto de mordidas y, de no hacerlo, no falta quien ordene hacer el pago tras la presentación de algún amparo que debe ser conocido por nuestro sistema de justicia.
A menos de dos meses de cumplir el primer año de gobierno es indispensable que el gobierno haga un alto en el camino para plantear alguna estrategia porque al día de hoy no se ve que exista algún plan serio y concreto para manejar el inmenso problema que representa el saqueo de los fondos públicos. A falta de esa estrategia seguimos capturados por las mafias que tienen sus tentáculos en todo el sector público y combatir los vicios se vuelve mucho más difícil, y quizá hasta imposible, sin una ordenada y bien ejecutada política definida desde la misma Presidencia.
Nombrar un nuevo ministro para que trabaje bajo las mismas circunstancias es inútil porque hace falta una clara dirección que debe ser el punto de partida para cualquier nombramiento y por ello planteamos que la Presidencia tiene que jugar un papel distinto en la conducción de la lucha contra la corrupción.
