Consuelo Porras llegó al Congreso a pedir la aprobación de un consistente incremento de los recursos para el presupuesto del año entrante y al terminar su reunión con los diputados fue abordada por periodistas que preguntaron, entre otras cosas, qué opinión tenía el Ministerio Público sobre la resolución que dejó en libertad bajo fianza a José Rubén Zamora. Su respuesta fue contundente, afirmando que la institución a su cargo es “respetuoso de las decisiones judiciales” de cada juzgador u órgano jurisdiccional, algo que por principio y mandato legal debe forzosamente ocurrir.
Sin embargo, a pesar de la contundente expresión de la Fiscal General Consuelo Porras, los hechos demuestran lo contrario porque la entidad encargada de la persecución penal ha emprendido acciones en el pasado contra juzgadores que no han resuelto como lo ha solicitado la Fiscalía. Recordamos los casos de las juezas de los Juzgados Duodécimo Penal A y B, Karen Chinchilla, que son la más reciente prueba de cómo han antejuiciado a juzgadores simplemente por dictar resoluciones que no les agradan en casos vinculados con el intento de anular la elección del año pasado. Y casos como esos abundan, lamentablemente.
En La Hora hemos sostenido el principio de que con base en la independencia judicial, cada juzgador tiene la facultad de sopesar las pruebas que se le presentan y resolver lo que, de conformidad con la ley, estima procedente luego de las diligencias que forman parte de cada uno de los procesos a su cargo. Hemos criticado cabalmente que en vez de usar los mecanismos legales para impugnar resoluciones que se consideran inapropiadas, los fiscales que reciben instrucciones precisas de la Fiscal General, procedan a iniciar causas penales en contra de aquellos que no resolvieron como ellos o sus aliados querían.
No acusan a los jueces de recibir dinero o de traficar influencias, por ejemplo, solo se les dejan ir porque no les gustó que no dijeron Amén a lo que el MP pide.
En otras palabras, lo que procede en todos y cada uno de los casos es lo que dijo Consuelo Porras a los periodistas hablando del caso Zamora, es decir que se presenten los recursos que la ley permite para que las Salas de Apelaciones conozcan el caso y sopesen los elementos que sirvieron para que se decretara, en ese caso, el cese de la prisión preventiva. Y lo mismo tendría que haber sido el patrón y no como ha ocurrido con tantos jueces que son objeto de persecución porque sus decisiones no les agradan.
Inclusive hay varios jueces que se encuentran en el exilio porque han sido objeto de persecución penal simple y sencillamente porque sus decisiones molestaron a un MP que demanda, evidentemente, absoluta sumisión a lo que ellos y sus aliados sostienen en diferentes procesos incoados con notorios intereses para proteger con impunidad a los ladrones y con cárcel a quienes denuncian esa oscura situación que se viene dando desde hace ya mucho tiempo.
