Los famosos programas sociales de los sucesivos gobiernos no han generado ningún desarrollo en la sociedad guatemalteca porque no solo son instrumentos que se usan para la compra de votos, sino que además en ellos ha imperado la corrupción porque muchos de los proyectos han sido elaborados para satisfacer a diputados que apañan todo lo que hace el Ejecutivo. Esta semana se supo que una denuncia de contratistas que reclaman por la falta de pago en sus respectivos contratos (suscritos con el gobierno pasado) fue tramitada a tremenda velocidad por instrucciones de la Fiscalía General, situación que contrasta con la parsimonia, por no decir indiferencia, que muestran ante denuncias de corrupción en los gobiernos anteriores.
La comunidad empresarial ha dicho que uno de los puntos fundamentales para el desarrollo del país es la implementación de un verdadero Régimen de Legalidad que no solo garantice a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos, sino que castigue a quienes cometen delitos, sobre todo aquellos que van en perjuicio de los ciudadanos por el mal uso de los fondos públicos. Y honestamente eso debe ser no solo una preocupación, sino motivo de acción, porque necesitamos, además de hablar al respecto, trabajar y operar para cambiar el sistema de justicia.
Hablamos de paradoja porque una reciente denuncia de contratistas que reclaman el pago por obras que no están terminadas es impulsada por un “Fuerte y Firme” Ministerio Público que ha emprendido a todo vapor las acciones correspondientes para sancionar penalmente a los actuales funcionarios “responsables” del impago. Pero paralelamente el Ministerio de Desarrollo Social informó esta semana que fueron notificados que ese mismo Ministerio Público desestimó una denuncia formulada por el Ministro en abril pasado, con relación a falsificación de documentos y una obra inconclusa. La investigación y el rechazo a denuncias de malos manejos en gobiernos anteriores confirma que en la práctica el MP pasa de “Fuerte y Firme” a “Débil y Aguado” cuando se trata de investigar a Giammattei y a quien llamó “vieja C…” a Consuelo Porras.
Creemos que los guatemaltecos estamos en una dramática disyuntiva, puesto que tenemos que escoger entre vivir acostumbrados a que se manosee la ley para beneficio de los operadores de la corrupción, aunque sus robos cuesten la vida a muchas personas, como se comprobó recientemente con el saqueo del Hospital General San Juan de Dios, o emprender una ruta distinta en la que se sienten precedentes legales que atemoricen a los corruptos.
La paradoja está en la velocidad para hacer investigaciones contra quienes critican la corrupción o funcionarios del gobierno actual, lo que contrasta con la forma en que entrampan, maliciosamente, las denuncias sobre robos cometidos en gobiernos pasados y es fundamental que los ciudadanos reparemos en esa cruda y criminal realidad.
