Ayer reporteros de La Hora tuvieron conocimiento de una reunión que se estaba realizando, entre diputados de la bancada Vamos y algunos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en instalaciones de un edificio que el Congreso alquila para que sirva a diferentes bancadas. Al acudir a las instalaciones para corroborar las informaciones fueron confrontados por tres agentes de seguridad de diputados de dicha bancada que los amenazaron y conminándolos a salir inmediatamente del lugar con lo que se pretendió evitar que se conocieran detalles de la actividad realizada.
La información señalaba que en la reunión estaban magistrados recién electos, diputados de Vamos y de las bancadas UNE y Cabal, detalle de especial importancia para entender cómo van a querer incidir en la operación de nuestro sistema de justicia. No olvidemos que de ese mismo lugar salió el acuerdo dirigido por Miguel Martínez para elegir a los actuales magistrados, noticia que se pudo confirmar por la presencia de reporteros nuestros que lo interrogaron al salir de la reunión secreta que sostuvieron.
Y es que el tema del control de la justicia es vital para quienes operan bajo las instrucciones del mismo Miguel Martínez y por ello la enorme importancia que tenía la información de la presencia de magistrados en ese sitio. Si la misma hubiera sido falsa, hubiera bastado con permitir el ingreso de los periodistas para corroborar la falsedad, pero en vez de proceder de esa manera, como lo hace quien nada tiene que ocultar, los diputados mandaron a sus guardaespaldas a formular graves amenazas a los comunicadores, a quienes les tomaron fotografías luego de arremeter contra ellos.
Obviamente una reunión entre diputados de Vamos y los nuevos magistrados, secreta y a puerta cerrada, no puede llevar más que a la obvia conclusión de cuáles podrían ser los temas a tratar. Nadie tiene tanto interés en mantener el régimen de impunidad, que le ha beneficiado hasta hoy, como el señor Miguel Martínez quien sabe que dentro de algunos meses el gobierno podrá nombrar a un nuevo Fiscal General que termine con la indiferencia del Ministerio Púbico ante la corrupción.
Expresamos nuestra absoluta solidaridad con los periodistas Joel Maldonado y Fabricio Alonzo y esperamos que la petición que hizo ayer mismo la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) sea atendida tanto por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) como por las otras instancias que cita el comunicado gremial.
No sólo se está violando el derecho a la información, consagrado constitucionalmente, sino se están tapando cochinadas que se traman para garantizar que la justicia siga siendo sorda, ciega y muda ante la corrupción.
