No por gusto se estableció como elemental requisito para desempeñar el cargo de magistrados en el sistema de justicia la reconocida honorabilidad, señalada expresamente en el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que sin esa calidad es imposible que pueda haber una correcta interpretación y aplicación de la ley. Las Comisiones de Postulación han ido rechazando las tachas interpuestas que se refieren a la falta de esa vital característica que debieran tener todos los que aspiran a un cargo en la Corte Suprema o las Salas de Apelaciones pasando por alto la abrumadora evidencia que hay y que conoce la ciudadanía.
Es notoria y pública la falta de reconocida honorabilidad en aquellos que han sido instrumento de la impunidad para apañar a los corruptos y para perseguir a quienes critican la existencia de un modelo de justicia amañado, pero el formalismo se usa para evitar que las tachas lleguen a ser seriamente consideradas. Por ello es vital el papel que deberemos jugar los ciudadanos en la supervisión del proceso tanto en dichas comisiones como en el Congreso donde, finalmente, deberá hacer la selección definitiva de aquellos profesionales que deberán administrar la justicia.
En el Congreso se han visto leves indicios de que la que parecía inquebrantable alianza de la abrumadora mayoría apañando la corrupción puede tener ya fisuras, mismas que tendrán que generar la oportunidad de dar el paso más importante para la vida nacional que es el rescate del sistema de justicia para asegurar el Estado de derecho. Tanto en las comisiones como en el Organismo Legislativo es fundamental que se cumpla con el mandato constitucional de dar el lugar que corresponde a la “reconocida honorabilidad” que los constituyentes pusieron como elemental requisito, inmediatamente después de la exigencia de que deben ser guatemaltecos de origen.
Viendo lo que ya ocurrió en las postuladoras, queda la conformación de los listados, pero tenemos que pensar que la última palabra la tendrá el Congreso de la República y si bien los antecedentes históricos nos obligan a desconfiar, es importante que los ciudadanos estemos no sólo atentos sino presionando para impedir que se repitan elecciones como las de las dos últimas cortes, amañadas desde su inicio por el manoseo que grupos criminales hicieron del trabajo en las comisiones.
Guatemala se encuentra en una encrucijada y el rescate del sistema de justicia es fundamental para terminar con la ola de vicios que se traducen en el enriquecimiento de unos cuantos a costa del sufrimiento de mucha gente, a la que debemos granjearle más y mejores oportunidades, esas que se vuelven limitadas ante tanto robo e impunidad.