Uno de los más antiguos y consistentes negocios que se vienen realizando en Guatemala desde hace muchos años (y muchos gobiernos) es el de la compra de medicinas que ha enriquecido a mucha gente, creando todo un modelo que, además, se traduce en el encarecimiento de los medicamentos para consumo de los particulares. Muchas de las empresas farmacéuticas del país tienen su principal fuente de ingreso en las operaciones que realizan con entidades públicas, entre las cuales el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ocupa un lugar preponderante.
La Hora publica hoy un trabajo de investigación relacionado con las operaciones de venta de medicamentos al Estado, destacando que el gran consumidor es el IGSS, entidad que opera con dinero de los trabajadores y de los patrones que contribuyen mensualmente con el pago de las cuotas, tanto laborales como patronales. No fue casualidad que en el anterior gobierno se colocara al frente del Instituto a personajes relacionados con quien era (y por lo visto sigue siendo) el Jefe de Jefes, quien tuvo absoluto control de las operaciones realizadas en las entidades públicas y entendió rápidamente el arca abierta en que han convertido al IGSS.
Durante algún tiempo las autoridades del Instituto canalizaron la compra de medicamentos a través de un convenio de cooperación con UNOPS de Naciones Unidas, lo que limitó en cierta medida los grandes negocios tradicionales alrededor del mercado de los medicamentos. Pero las autoridades nombradas por influencia de Martínez abandonaron ese mecanismo para volver al ya tradicional del trato directo entre las autoridades y las empresas farmacéuticas, dando como resultado una serie de adquisiciones que no pueden sino calificarse como graves trinquetes.
El control total de todos los sistemas, incluyendo el de justicia, permitió que se emitieran amparos que facilitan al Estado la compra de ciertos productos médicos sin cumplir con mínimos requisitos de transparencia. En otras palabras, mediante esos amparos, supuestamente emitidos para favorecer a los pacientes, se permiten operaciones que no tienen que cumplir con las mínimas exigencias de las leyes relacionadas con compras y adquisiciones. Y no es que esas leyes sirvan de mucho, pero no permiten operar con esa extraordinaria agilidad que ha permitido al IGSS compra por más de mil setecientos millones en lo que va del año.
Ni la Contraloría ni, mucho menos, el Ministerio Público mueven un dedo para realizar una fiscalización de esos negocios que son una muestra contundente de lo que significa la corrupción en nuestro país. Y desde el registro de los medicamentos hasta las ventas, todo gira alrededor de las coimas que se pagan. El dinero de los impuestos como de las cuotas que pagan empresas y trabajadores al Seguro Social queda comprometido.
