El conflicto judicial en Brasil con la plataforma X de Elon Musk (antes conocida como Twitter), coloca sobre el tapete una cuestión que cobra cada vez más relieve y es la relacionada con el funcionamiento de ese instrumento en el ejercicio de la libertad de expresión. No hay, en ningún sentido, libertades absolutas y el ejercicio de cualquiera de ellas implica también responsabilidades. Nuestra legislación garantiza a todos la libre expresión, pero establece límites y permite a quienes se sientan agraviados ejercitar no solo el derecho de réplica, sino el de resarcimiento por los daños que pueda haber sufrido si se comprueba falsedad.
En el mundo eso funciona para todos los comunicadores y ciudadanos que se expresan a través de los medios sociales convencionales que tienen que cumplir con requisitos como el de la responsabilidad de quien publica algo o, en su defecto, de los directores o editores del medio. En las redes sociales únicamente se practica el derecho absoluto y sin limitaciones para decir lo que cualquiera desee, sin chance de consecuencias porque se permite el uso de seudónimos o cuentas con perfiles falsos, lo que no deja espacio para que los ofendidos puedan reclamar y las cadenas como X, evaden toda responsabilidad.
Creemos en forma tajante en la libertad de expresión, pero entendemos eso de que no hay libertades absolutas y que se debe respetar el derecho de los demás a no ser objeto de mentiras o campañas tendenciosas basadas en señalamientos que no se pueden corroborar, no digamos probar. En Guatemala desde los años ochenta del siglo pasado se legisló constitucionalmente sobre la materia y los constituyentes, con buen criterio, dejaron clara la excepción en cuanto a las críticas, señalamientos o ataques que se formulen a funcionarios públicos por acciones en el ejercicio de los cargos.
Pero hasta en ello hay un mecanismo legal para recurrir a una instancia que pueda verificar las publicaciones y que obliga a los medios a publicar las rectificaciones o aclaraciones pertinentes.
En cambio, con las redes sociales, no existe el menor control ni la menor consecuencia por lo que se publique porque, repetimos, el hecho de que cualquiera pueda tener un perfil falso o usar un seudónimo ya hace imposible la responsabilidad individual que demanda el ejercicio de la libre expresión. Aquí vemos cómo hasta instituciones públicas que debieran promover la justicia tienen sus redes anónimas en las que se ataca sin el menor rubor (no digamos consecuencia) a quienes critican su desempeño institucional.
El desarrollo tecnológico ha sido impresionante pero abre puertas para muchos abusos. La forma en que se usa inteligencia artificial, por ejemplo, para crear un video de Trump bailando con Kamala Harris es un indicador de hasta dónde se puede llegar en el mal manejo de la tecnología y nos debe abrir los ojos sobre el caos absoluto que se viene.
