Aprobada la ampliación presupuestaria es absolutamente necesario que el gobierno de Bernardo Arévalo establezca un mecanismo de fiscalización que permita rendirle cuentas a la ciudadanía sobre el uso de ese dinero, a fin de impedir que vuelvan a ocurrir los mismos negocios que se llegaron a volver parte de la tradición chapina. En teoría corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC) hacer ese trabajo, pero ya sabemos que la misma no ha cumplido jamás con su obligación porque no hace reparos que cambien el rumbo de la ejecución ni ha objetado el mal manejo de recursos públicos que ha convertido en multimillonarios a muchos ladrones.
Mucho se ha especulado sobre cómo se logró la mayoría en el Congreso para esa aprobación que supuso un tortazo a los diputados que usaban el Dios del dinero en efectivo y a fiscales que amenazaron a diputados con investigarlos si daban su voto a favor de la propuesta del gobierno, por lo que es fundamental la creación de ese mecanismo de fiscalización. Todos los funcionarios, alcaldes y Consejos de Desarrollo que recibirán recursos tienen que saber que será controlado hasta el último centavo y que cualquier indicio de corrupción será objeto de las correspondientes denuncias.
Denuncias que, viniendo del gobierno, seguramente no serán investigadas por el ente a cargo de esa importante labor en el sistema de justicia, pero que permitirán a los ciudadanos no solo conocer la forma en que se utilizó ese dinero sino también dejar en evidencia el doble rasero que hay en la investigación criminal.
Y es que con los recursos asignados por la ampliación presupuestaria se tienen que realizar realmente trabajos e inversiones que vayan en beneficio de la población y no de autoridades acostumbradas a asignar las obras a contratistas que les pagan jugosas mordidas. Se debe entender que esa estructura sigue funcionando y que, precisamente por ello, es indispensable esa rendición de cuentas que nosotros consideramos vital para emprender una nueva ruta en cuanto al manejo del dinero del Estado.
Muchas de las cuentas de internet contrarias al gobierno insisten en que se recurrió a los mismos métodos del pasado, cuando los votos de los diputados se negociaban a cambio de recursos para que pudieran realizar contratos espurios que no producen ningún beneficio para la población. Es éste un excelente momento para determinar si realmente el país está cambiando como resultado del expreso mandato de la ciudadanía en las urnas, repudiando masivamente la corrupción que se ha institucionalizado.
Las cuentas claras pueden ser una forma de no solo agradecer a esos votantes, sino de demostrar que realmente existe la intención de emprender una nueva ruta en cuanto al uso del dinero de los contribuyentes y en la promoción de políticas orientadas al desarrollo humano.
