En medio de la tempestad provocada por los persistentes esfuerzos del Ministerio Público por botar de la Presidencia a Bernardo Arévalo, siguen pasando los días y el plazo para que termine el período de la Fiscal General se continúa acortando con el paso del tiempo, por lo que sus más cercanos allegados empiezan a pensar en su futuro. De allí las acciones de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales para presentar su papelería a fin de postularse como aspirantes a magistrados en el proceso que se viene realizando.
Esta misma semana el Ministerio Público, también para mantener las barbas en remojo, se negó a proporcionar información de los salarios de la misma Fiscal General así como de sus más allegados colaboradores, solicitud que se hizo en el marco de la Ley de Acceso a la Información para establecer, fundamentalmente, si ha habido cambios en el monto de sus salarios. Según el vocero del MP, proporcionar esos datos podría ocasionarse un serio “daño y perjuicio” a las personas cuya información fue solicitada. Todos los salarios de los empleados públicos, que se pagan con el dinero producto de la contribución fiscal de los guatemaltecos, son y deben ser de conocimiento público, especialmente luego de que fueron suprimidos los famosos “gastos confidenciales”.
De aquí al 16 de mayo del año 2025, cuando vence el período de la Fiscal General y debe entregar el cargo a quien sea nombrado como su sucesor por el Presidente de la República, nos mantendremos en ese clima de confrontación que existe actualmente y que de manera declarada se manifestó por Curruchiche y Pineda en la última conferencia de prensa cuando se anunció la solicitud de retiro de antejuicio contra Arévalo. Solicitud que se basa en “pruebas” que aparecen de forma “mágica” y que se coordinan con los Netcenters, mafia que se ha confirmado como los aliados naturales del MP.
Si viviéramos en tiempos de Giammattei ya hubiera salido la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia diciendo que la grabación es resultado de manipulaciones vía la inteligencia artificial, como se dijo cuando trascendió también en redes la llamada de Miguelito a Giammattei pidiendo que pusiera en orden a esa vieja **** y a ese indio ****.
El caso es que muchos de los más fieles servidores de Consuelo Porras están viendo si los amigos a los que lograron colocar en las Comisiones de Postulación logran incluirlos en los listados finales, aun a pesar de sus antecedentes que llevaron a la comunidad internacional a aplicarles severas sanciones. La honorabilidad para optar a un cargo queda en un chiste.
Al fin y al cabo le quedan a la Fiscal 630 días en el cargo, lo que significa que Miguelito podrá llegar a 854 días sin ser investigado.
